El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos ha concluido hoy que el atentado en la T-4 del aeropuerto Barajas no sólo "segó" la vida de dos ciudadanos ecuatorianos, sino que "hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que veían que la violencia de ETA podía llegar a su fin".

Así lo ha manifestado el representante del Ministerio Público en la última jornada del juicio a Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastian, para quienes ayer elevó su petición de 900 a 1.120 años de prisión y una indemnización a los familiares de 500.000 euros por cada fallecido, porque existe una "abundante, contundente, independiente y unívoca prueba" de su participación en los hechos.

De ella, ha añadido, existe además el "reconocimiento de los propios autores" de los "daños, lesiones y las muertes" que querían causar en este atentado cometido el 30 de diciembre de 2006 y con el que ETA rompió su última tregua.

"Ellos sabían lo que llevaban entre manos y las consecuencias que querían causar", su "voluntad de matar y de causar estragos", ha subrayado, antes de referirse a las llamadas con las que ETA avisó de la colocación de una "potente" furgoneta-bomba en el aparcamiento de la T-4 y que, según los peritos de la Guardia Civil que las analizaron, hay un 98 por ciento de probabilidad de que Portu fuera el miembro del "comando Elurra" que las realizó.

Con esta acción, ha subrayado el fiscal, la banda no sólo "segó" la vida de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y estuvo a punto de hacerlo con la de otras 52 personas que resultaron heridas, sino que además "hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que veían que la violencia de ETA podía llegar a su fin".

Se evitó un atentado similar

A ello ha añadido que gracias a la detención de los presuntos etarras a principios de 2008 se pudo evitar un atentado "de similares características" en el complejo de Azca, en Madrid, que también ensayaron con un vehículo de alquiler que estacionaron en su aparcamiento.

También ha aludido a las torturas alegadas por los acusados para afirmar que, si bien su "tolerancia es cero" con respecto a los malos tratos, no se puede "caer en la trampa" que tiende ETA en esta materia.

Se ha referido a un documento incautado al ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, "Txeroki" -quien, según el fiscal, dio las instrucciones y los detalles al comando sobre la preparación y ejecución del atentado- cuando fue detenido en Francia en noviembre de 2008, en el que constaba que "la relación con las torturas falsas sufridas por Igor a manos del enemigo está por buen camino".

El representante del Ministerio Público ha insistido también en que, en todo caso, existe "todo un material probatorio" independiente de las declaraciones "autoinculpatorias" de Sarasola, que también ha alegado torturas, ante la Guardia Civil y en la Audiencia Nacional.

De esta forma, ha subrayado el contrato de un vehículo de alquiler a nombre de Portu el 21 de octubre de 2006, cuando era un miembro "legal" de ETA, con el que efectuaron el segundo de los "reconocimientos del itinerario" entre Irún (Guipúzcoa) y el aeropuerto.

Ha mencionado, entre otras pruebas, los dos revólveres incautados a Portu y Sarasola cuando fueron arrestados, así como otros materiales intervenidos en sus domicilios, como un plano con el itinerario que siguieron hasta Barajas por carreteras secundarias o la anotación hallada en casa de San Sebastián con los números de teléfono donde ETA realizó sus llamadas de aviso.