El CGPJ autoriza el traslado de Garzón, pero le deniega ir a La Haya en servicios especiales

Madrid / Oviedo, Agencias
El Consejo General del Poder Judicial concedió ayer a Baltasar Garzón la autorización para trasladarse a la Corte Penal Internacional de La Haya (en Holanda, para ocupar durante los próximos siete meses un puesto de consultor externo de la fiscalía. La decisión fue adoptada por tres votos a dos por la Comisión Permanente, que, sin embargo, no ha accedido a declarar al juez en situación de servicios especiales, porque esta condición es incompatible con su suspensión cautelar, acordada el pasado viernes por el Pleno.

La ley establece que «los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y suspensión de funciones», y la comisión ha entendido que no se puede estar en dos de ellas a la vez, informa «Efe».

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, eludió responder a si la marcha de Garzón, una vez denegada la situación de servicios especiales, implicará la pérdida de su destino en la Audiencia. En su explicación se limitó a leer el acuerdo de la comisión, que señala que está «de conformidad» con el informe del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez, contrario a esa prerrogativa.

La Comisión Permanente tenía sobre la mesa otros cuatro escritos, en los que la propia fiscalía de La Haya, la General del Estado, la Sala de lo Penal del Supremo -encargada de juzgar a Garzón- y el Ministerio de Exteriores se muestran favorables al traslado.

El acuerdo cuenta con los votos particulares de la vocal progresista Almudena Lastra -que entiende que debía haberse declarado al juez en situación de servicios especiales, tal como éste había solicitado- y del conservador Antonio Dorado, quien, en cambio, considera que la comisión no debía haberse pronunciado sobre el traslado hasta que el juez hiciera una nueva solicitud. Con su petición al CGPJ, Garzón pretendía el pasado día 11 adelantarse a su posible suspensión, pero el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictó al día siguiente el auto de apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Mientras, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, declarará hoy como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, en el marco de la segunda causa abierta a Garzón por prevaricación y cohecho por el supuesto cobro de 302.000 dólares por unos cursos y el posterior archivo de una investigación a directivos de la entidad financiera.

Garzón acudió ayer a París a recibir un premio, acto en el que afirmó que no se siente perseguido pero que, si fuera el caso, quien lo estuviera haciendo «tendría que dar explicaciones», informa «Efe». «Respeto la acción de la justicia», subrayó tras ser recibido por la teniente de alcalde, Anne Hidalgo, que «en mi conciencia está muy lejos la idea de haber cometido una acción ilícita». Sobre si cree que ha habido ensañamiento, respondió: «No me he parado a pensarlo». También negó que en España se esté produciendo un «golpe de Estado» por la polémica sobre el franquismo, y replicó que «el sistema judicial español es democrático» y «no voy yo a criticarlo, y menos, fuera de España».

«Al final de este duro camino, la justicia se impondrá», dijo el magistrado, quien añadió que la «impunidad es la madre de la corrupción». Garzón fue aplaudido por el ex primer ministro Dominique de Villepin. El presidente Zapatero condenó ayer en Madrid el franquismo, pero sin concretar si sus crímenes deben perseguirse, y el ministro Rubalcaba ensalzó a los condenados por los tribunales de orden público. El PP, por su parte, tachó de intolerable que la presidenta argentina criticara la apertura de juicio oral al magistrado y culpó al Gobierno de permitir que dé lecciones a España.