La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, ha pedido en varias ocasiones respeto para el «intérprete supremo» de la Carta Magna de 1978, objeto de fuerte controversia por su incapacidad para resolver el recurso presentado por el PP contra el Estatuto catalán. Casas tiene ahora una inmejorable oportunidad de demostrar que el TC es merecedor de la confianza que, entre otros, le niegan los partidos de aquella comunidad autónoma, que han unido sus fuerzas para declararlo incompetente, forzar su renovación y, ya puestos, reformar la ley orgánica que lo rige; al menos, en lo tocante a la permanencia de los magistrados que ya tengan su mandato caducado.
Casas, del llamado bloque «progresista» del TC, decidió este miércoles coger el toro por los cuernos después de que, ese mismo día, el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, del bloque «conservador», fracasara estrepitosamente en su intento de sacar adelante un borrador de sentencia, el sexto después de las cinco infructuosas tentativas de la progresista Elisa Pérez Vera. La presidenta, pues, redactará la séptima ponencia, pero, aunque anunció que lo hará «a la mayor brevedad posible», no parece que vaya a tener más éxito que el vicepresidente, cuyo texto ni siquiera se llegó a votar.
El consenso resulta una tarea imposible de lograr en estos momentos, dada la división del TC en dos sectores irreconciliables. Esa falta de entendimiento (o el «clientelismo político» que muchos achacan ya sin ambages a los jueces) ha impedido hasta ahora que el tribunal se pronuncie sobre la norma reguladora de la autonomía catalana, pese a que ya han pasado casi cuatro años desde que el PP presentara su recurso el 1 de agosto de 2006. En los meses siguientes (entre septiembre y noviembre), planteó también recurso contra el Estatut el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, así como Murcia, La Rioja, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana.
El bloqueo podría resolverse con la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en diciembre de 2007 (Casas y los conservadores Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde). Sin embargo, a la nula sintonía entre los jueces de la corte se une el enfrentamiento entre PSOE y PP, decididos a convertir esa renovación, que corresponde votar al Senado, en otro campo de batalla paralelo al de la crisis. Ambos insisten en que la actual composición del TC está legitimada para dictar una sentencia; pero el PP lo hace con más fuerza y mete prisa porque sabe que tiene garantizada, en mayor o menor grado, una interpretación restrictiva del texto, y un cambio de vocales podría aliviar esa lectura.
Diez son los magistrados que intentan ponerse de acuerdo sobre la norma catalana, tras la recusación del progresista Pablo Pérez Tremps por el PP y el fallecimiento de Roberto García-Calvo. En el bloque conservador se alinean Guillermo Jiménez (en principio, un candidato de consenso), Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Rodríguez-Zapata y Vicente Conde; en el progresista, Manuel Aragón, Pascual Sala, Pérez Vera, Eugeni Gay y María Emilia Casas.
El empate a cinco más el voto dirimente de la presidenta del tribunal puede inclinar la balanza a favor de los jueces designados a propuesta del PSOE, pero Casas no es partidaria de emplear esta fórmula de desempate (que, con ser legal, restaría aún más enteros a la ya mermada credibilidad del TC) y, además, debe impedir a toda costa que vuelva a haber «fugas» como la de Aragón, quien, pese a su adscripción progresista, votó el pasado 16 de abril con los conservadores para rechazar el quinto borrador de Pérez Vera (el único que se sometió a votación y que avalaba la mayor parte del articulado del Estatut).
Entre otros motivos y «exigencias» que advirtió que no se modificarán tampoco en el futuro, Aragón justificó su voto en contra de la ponencia de Pérez Vera por la aplicación del término «nación» a Cataluña, lo que da idea del enconado debate que tiene lugar en el seno del tribunal y del enquistamiento al que han llegado las posiciones de los magistrados de un bloque y del otro.
Así las cosas, el fracaso del miércoles no cogió a nadie por sorpresa, ya que el borrador de Guillermo Jiménez era todavía más restrictivo que el de Pérez Vera. Éste, que fue rechazado por seis votos frente a cuatro, anulaba 15 artículos de la norma catalana y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena de preceptos a la interpretación que se dé a las leyes que desarrollan el Estatut. Sin embargo, la ponencia del juez conservador iba mucho más allá: no eran 15 sino 22 los artículos que declaraba inconstitucionales y además proponía una lectura «recortada» de otros tantos preceptos. Por si esto fuera poco, criticaba contundentemente el empleo del término «nación» en el preámbulo del texto.
Este último punto fue el cebo que Jiménez puso para que Aragón picara, de forma que su borrador pudiera concitar, a la vez, el respaldo del magistrado progresista «moderado» y el de los cuatro jueces conservadores «radicales» (Rodríguez Arribas, Delgado, Rodríguez-Zapata y Conde), sumando así seis votos. Pero el cariz demasiado restrictivo de la propuesta de Jiménez mantuvo a Aragón alineado con el «cuarteto progresista» (Pérez Vera, Casas, Gay y Sala), con lo que el empate estaba otra vez asegurado y las discusiones, en un callejón sin salida. No hacía falta votar para constatar el fracaso, y Casas se ofreció a redactar la séptima ponencia (según CiU, presionada por Zapatero, que quiere una sentencia antes del verano).
Suponiendo que logre conservar intacto el bloque progresista (para lo que parece que será imprescindible eliminar del preámbulo el término «nación»; si no, Aragón volverá a «fugarse»), el borrador de sentencia de la presidenta del TC sólo podrá prosperar si ésta se gana a uno de los cinco jueces conservadores, algo que parece imposible en el caso de cualquiera de los cuatro «radicales» y harto improbable también en el de Jiménez. El empate se mantendría y sería entonces cuando Casas podría hacer valer su voto dirimente o de calidad. La magistrada es reacia a servirse de esta fórmula, pero, en caso contrario, el tribunal quedaría abocado de nuevo al empate y, en consecuencia, a otro estruendoso fracaso; y eso no haría sino elevar aún más la crispación de los políticos catalanes (excepción hecha, claro, del PP), que opinan que una norma avalada por las Cortes y el Parlament, y refrendada popularmente, no puede ser «recortada» por un tribunal que no ha conseguido armar un consenso en cuatro años.
