Madrid / Oviedo, Agencias

El abogado de Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva en la causa abierta contra él por investigar las desapariciones del franquismo en virtud de la «doctrina Botín», que impide abrir juicio oral a instancias de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo, según informa la agencia «Efe».

En su escrito, el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda sostiene que Garzón no ha cometido delito y denuncia la indefensión de su cliente al tener que presentar sus conclusiones provisionales cuando quedan por resolver seis recursos que afectan a la nulidad del proceso.

También la fiscalía ha solicitado la absolución de Garzón. En cambio, Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación por prevaricación. La defensa subraya que estos colectivos no han sido ofendidos ni perjudicados, y advierte de que, aunque la «doctrina Botín» fue matizada, la fiscalía ya reclamó el archivo de la causa al considerar que estas dos acusaciones carecen de legitimación para instar la apertura del juicio.

El Supremo se corrigió a sí mismo y en otra sentencia estableció la llamada «doctrina Atutxa», con la que se legitima la acción popular cuando el delito afecta a «intereses colectivos» o los directamente perjudicados no se han personado.

El abogado de Garzón hace hincapié en que esa sentencia contó con votos particulares discrepantes de magistrados como Luciano Varela, el instructor cuya orden de sentar en el banquillo a Garzón ha llevado al Consejo del Poder Judicial a suspenderle, lo que motivó su salida temporal de la Audiencia hacia el Tribunal de La Haya.

Garzón vuelve a pedir al Supremo la nulidad del caso alegando que Varela instó a Manos Limpias a presentar un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido. También solicita la del escrito de acusación porque Manos Limpias optó «por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior del instructor».

Martínez-Fresneda anunció a la Sala encargada de juzgar a Garzón que de no prosperar estos recursos, volverá a plantear sus peticiones en el trámite de cuestiones previas, alegando vulneración de derechos fundamentales. La defensa solicita que 42 testigos declaren en el juicio, la mayoría personalidades del derecho.