Madrid / Oviedo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo avaló ayer por unanimidad el auto del pasado mes de abril en el que el magistrado Luciano Varela resolvía proceder penalmente contra el juez Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación cometido al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Previsiblemente, el juicio se celebrará en noviembre o diciembre.

La resolución se ha conocido sólo cuatro días después de que la justicia argentina reabriera la causa por crímenes de lesa Humanidad cometidos durante el franquismo, como reclamaban organismos humanitarios y familiares de víctimas de la dictadura, y acordara pedir al Gobierno de España que informe si está investigando los crímenes cometidos entre julio de 1936 y junio de 1977.

Garzón, que está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el 14 de mayo, tiene abiertas otras dos causas en el Supremo: una por ordenar grabar las conversaciones que varios imputados en el «caso Gürtel» mantuvieron con sus abogados en prisión, y otra por los pagos recibidos del Banco Santander durante una estancia en Nueva York.