Vitoria / Madrid, Agencias
El borrador de decreto sobre víctimas de abusos policiales y parapoliciales elaborado por el Gobierno vasco prevé indemnizaciones de hasta 390.000 euros por gran invalidez para las víctimas de violencia de motivación política registradas entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978.
La consejera de Justicia, Idoya Mendia, aseguró que «ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba, cuando trasladaba material explosivo o que resultara muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad podrá beneficiarse».
El decreto recoge el derecho a recibir compensaciones económicas por valor de 390.000 euros en caso de gran invalidez; 135.000 euros por fallecimiento; 95.000 euros por incapacidad permanente absoluta; 45.000 euros por incapacidad permanente total; y 35.000 euros por incapacidad permanente parcial.
Por otra parte, el etarra Andoni Otegi Eraso, que en octubre pasado defendió que se vivían «tiempos en los que esto se tiene que solucionar», se negó ayer a declarar en el juicio por el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) alegando que la Audiencia no tiene «legitimidad» para juzgar a los miembros de la banda.
El terrorista se enfrenta junto a Óscar Celarain Ortiz, «Peio», que también ha negado la «licitud» del tribunal, a 1.180 años de cárcel por colocar un coche-bomba el 4 de agosto de 2002 que costó la vida a un hombre que esperaba el autobús y una niña de seis años, hija de un agente de la Guardia Civil.
El mando de la Comandancia de Alicante de la Guardia Civil que instruyó el atestado declaró que la hora escogida por los terroristas, las 20.15 de la tarde, era «propicia para causar mucho daño en el cuartel y en la parada del autobús», al tratarse de «un lugar de paso» y «siendo agosto, verano y un lugar de costa». «Para lo concurrido del lugar, poco pasó», añadió otro agente, que realizó la inspección ocular.
