El Consejo de Ministros aprobó ayer un código de buenas prácticas que los bancos y las cajas podrán suscribir voluntariamente, y en el que se incluyen medidas para frenar la ola de desahucios al aceptar las entidades financieras que una familia «en riesgo de exclusión social» salde su hipoteca con la entrega de su vivienda, lo que se conoce como la dación en pago.
La iniciativa ha sido acogida con frialdad por el sector financiero. Desde que empezó la crisis ha habido más de 300.000 desahucios por impago de hipotecas y ahora las familias con todos sus miembros en paro superan el millón y medio .
Para considerar que una familia esté en riesgo de exclusión social debe tener todos sus miembros en paro, sin ingresos ni actividad económica y que sus cuotas del préstamo superen el 60 por ciento del conjunto de sus ingresos. Para este sistema de dación en pago no obligatorio, la casa a embargar deberá ser la única propiedad del hipotecado y no podrá valer más de 200.000 euros en las ciudades con más de un millón de habitantes; 180.000 euros en las de más de medio millón; 150.000 euros si supera los 100.000 y 120.000 euros en las de menos de 100.000 habitantes, según la agencia «Efe».
La dación en pago será ejecutable como última opción y sólo si los bancos aceptan las condiciones del código de buenas prácticas que se incluye en el decreto-ley aprobado ayer. Aunque no cambia la norma, sí tiene efectos retroactivos porque los titulares de préstamos firmados en el pasado se benefician de estas novedades en el caso de que las entidades financieras se acojan al citado código, reconoció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno obligará a la banca que se adhiera al código al ampliar hasta cuatro años la carencia en el pago del capital del préstamo o a ampliar hasta 40 años la vida de la hipoteca. También se podrá abaratar el préstamo hasta aplicar un diferencial del 0,25 sobre el euribor a un año y si, aun así el deudor no puede hacer frente, el banco deberá ofrecerle una quita de su deuda.
Según los expertos, con esa quita se podría ajustar la hipoteca al valor actual de la vivienda. Si pese a todo, el deudor sigue siendo incapaz de pagar, podrá entregar su casa para saldar la deuda con el banco, aunque tendrá la opción de abonar un alquiler igual al 2% de la deuda pendiente durante dos años prorrogables.
El sector financiero acogió con frialdad la iniciativa del Gobierno y, aunque dijo que la apoyará, advirtió de que ya estaba tomando medidas para ayudar a los más desfavorecidos, porque el desahucio es la última de las medidas y en esos casos prefieren siempre renegociar la hipoteca o suavizar el pago.
La Asociación Española de Banca acusó al Gobierno de obligarles a asumir funciones que corresponde a la Administración. «Una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse en atacar sus causas y no sólo en paliar sus efectos», advirtió. Tras afirmar que tiene «la mejor disposición» para adoptar el código, la banca recordó que ya «venían llevando a cabo numerosas actuaciones para paliar la situación de clientes en mayor necesidad».
En el mismo sentido, la Confederación Española de Cajas de Ahorros respondió que sus entidades «son sensibles» a los problemas de las familias y que están aplicando «planes específicos» para paliar esas situaciones. Las organizaciones de usuarios de bancos y cajas dan por hecho que la norma será un fracaso y que sólo resolverá un insignificante número de casos. Los expertos inmobiliarios coincidieron en que apenas tendrá repercusión en el sector de la vivienda. El BNG tachó de limitado el código del Gobierno.
