El Congreso aprobó ayer la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el voto a favor de PP, CiU, UPyD, Foro y UPN, la abstención del PNV y el rechazo de los demás partidos de la oposición, con lo que la norma recibe menos apoyo (192 votos) que la reforma constitucional acometida por populares y socialistas el pasado verano, que, con el respaldo de 316 diputados, dio lugar a esta normativa.

Así, mientras el PSOE apoyó la reforma del artículo 135 de la Constitución acordada por el anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ahora ha optado por votar en contra; y la no participación en la votación de CiU se ha tornado en respaldo y la del PNV ha pasado a ser una abstención. UPyD, que rechazó la reforma constitucional, también ha votado a favor de la norma del Gobierno, lo mismo que UPN.

Y es que los socialistas defienden que el acuerdo era fijarlo en el 0,4 por ciento, pudiendo elevarse hasta el 1 por ciento en casos excepcionales, mientras el Ejecutivo insiste en que la estabilidad presupuestaria exige tener equilibrio en las cuentas, susceptible de excepciones únicamente en casos de catástrofes o reformas estructurales.

Hasta unos minutos antes de que el Pleno votara las enmiendas, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negociaron con la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, y el diputado Valeriano Gómez. El principal escollo fue el techo de déficit estructural para 2020, que el PSOE defendía que quedara en el 0,4% del PIB frente al «déficit cero» que establece la norma.

Sáenz de Santamaría reprochó al PSOE su falta de responsabilidad y de coherencia y le instó a explicar su rechazo a una ley que nace del pacto entre Zapatero y Rajoy cuando el primero estaba al frente del Gobierno. Montoro aseguró, por su parte, que los socialistas rechazaron la propuesta durante la negociación, que llegó a paralizar el Pleno del Congreso durante media hora, para eliminar la cifra del «déficit cero» del texto legal y atenerse al reciente pacto fiscal suscrito por la Unión Europea.

Por su parte, la portavoz socialista afirmó que ha sido imposible modificar el «mantra» del «déficit cero» del Gobierno. Preguntado por los periodistas en el Consejo de Estado, Zapatero evitó pronunciarse sobre el desacuerdo. El diputado del PSOE Pedro Saura acusó al PP de haber «roto el espíritu constitucional en materia de estabilidad presupuestaria» . La popular Ana Madrazo recriminó al partido de Rubalcaba que «haya cambiado de opinión en unos meses».

El Gobierno sí se granjeó el apoyo de CiU, cediendo en su principal reivindicación: que las comunidades autónomas que hayan cumplido con los objetivos de déficit en 2020 puedan amortizar la deuda, cuando hayan dedicado recursos a potenciar el crecimiento, en un plazo de 20 años a partir de 2012, hasta 2032.

Sáenz de Santamaría valoró en cambio la «responsabilidad» de CiU, que ha apoyado la norma, y del PNV, que se ha abstenido, así como el respaldo de UPN, Foro y UPyD. A estos grupos les agradeció «su sentido de la responsabilidad y su compromiso con España en un momento en que hay que trabajar todos con esfuerzo en la búsqueda de acuerdos y consenso».

El Gobierno también ha conseguido sumar los votos de UPN y UPyD, partidos a los que aceptó algunas enmiendas técnicas. El diputado de la formación magenta Álvaro Anchuelo valoró positivamente la norma porque introduce por primera vez un control del Estado a las cuentas de las comunidades autónomas, que están en «el centro del problema», así como mecanismos coercitivos y sancionadores para quienes incumplan los objetivos marcados. A renglón seguido, volvió a reclamar controles previos a las cuentas regionales.

Mientras apoyaba a Rajoy, CiU se alejaba del PP en el Parlament, donde aprobó una resolución de ERC que afirma que Cataluña sufre un «expolio económico constante en el tiempo» por parte del resto de España que asfixia a su economía.