Madrid, E. P.
Los altos cargos a los que se aplicará la futura ley de Transparencia no podrán aceptar regalos «que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones». Además, si cometen infracciones en la gestión económico-presupuestaria, deberán restituir «las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente» e indemnizar a la Hacienda Pública.
Así figura en el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno y que desde la tarde de ayer es de acceso público a través de la web leydetransparencia.gob.es. El Ejecutivo someterá durante quince días la iniciativa a las aportaciones de los ciudadanos y aprobará después el proyecto de ley para su debate en las Cortes. El anteproyecto fue presentado el pasado viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La prohibición de recibir regalos es uno de los principios de actuación a los que estarán sometidos los altos cargos de todas las administraciones públicas, a los que también se les señalan unos principios éticos y los supuestos en los que pueden cometer una infracción leve, grave o muy grave, con la consiguiente sanción administrativa o incluso de inhabilitación.
Todo ello forma parte del Título II de la norma, dedicado al buen gobierno. En él se incluyen unos principios que deben regir la conducta de los altos cargos, se añaden las infracciones económico-presupuestarias y de tipo disciplinario, y las sanciones que conllevan.
Las infracciones darán lugar a un procedimiento administrativo, sin perjuicio de que se envíe también el caso al Tribunal de Cuentas. Si se trata de miembros del Gobierno o secretarios de Estado, iniciará el proceso el propio Consejo de Ministros; en los demás casos, ordenará la incoación el Ministerio de Hacienda, al que llegarán además los asuntos que inicie el Consejo de Ministros.
Los procedimientos serán instruidos después, según los casos, o por Hacienda o por la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno y será finalmente el Consejo de Ministros el que imponga las sanciones.
