La vuelta al quirófano del Rey Juan Carlos y su periodo de baja estimado, de entre dos y seis meses, ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre la sucesión en España. Varios constitucionalistas consultados ayer por este periódico consideran necesaria la creación de una ley orgánica que regule la Corona y todos los aspectos que tengan que ver con ella, entre ellos, el relacionado con la inhabilitación, como es el caso, que no está regulado en la Constitución.

El Monarca, que a sus 75 años afrontará su octava operación en tres años y medio, ha descartado por el momento abdicar o dar paso a una regencia, según confirmó el viernes Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey. De esta forma, el Príncipe de Asturias volverá a ejercer funciones de representación y tendrá que ser habilitado para esos actos oficiales a base de nombramientos o reales decretos.

«Sabiendo que los problemas del Rey son cada vez más recurrentes, como estamos comprobando, las Cortes deberían hacer una ley que regulase mejor la inhabilitación y las funciones del Príncipe», asegura Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Una opinión compartida por los también catedráticos Ramón Punset y Benito Álvarez.

«La normativa debería prever dos situaciones diferentes: por un lado, la incapacidad moral, que podría conducir al nombramiento de un regente; y, por el otro, la incapacidad física, que podría autorizar al príncipe heredero a sustituirle hasta que se recupere», propone Álvarez. «La cobertura legal de la Corona debería haberse hecho hace tiempo: los supuestos de inhabilitación, las consecuencias de una abdicación, el orden sucesorio... No dejarlo todo a precedentes históricos», agrega Punset.

Los tres especialistas coinciden en que el Monarca no abdicará pronto, pero encuentran diferencias a la hora de analizar su decisión. Mientras Bastida considera que lo mejor hubiera sido que diera paso a una regencia, Punset y Álvarez creen lo contrario. «Una regencia ahora sería, políticamente, un disparate. La situación del país, con una grave crisis económica y unos nacionalismos desaforados, no la aconseja de ninguna manera. Daría la impresión de que el Rey está pagando el coste de esa situación», resume Punset, muy en la línea de Álvarez, que ve capacitado al Monarca para seguir desarrollando su función: «La regencia no debería estar basada en una incapacidad física, sino moral o mental. Y no es el caso. El Rey está impedido físicamente y, aunque lo puede notar en algunos aspectos, como los viajes, sí puede desempeñar parte de su trabajo».

Bastida, a favor de la regencia, discrepa: «Es bueno y necesario que se tome como normal que el Príncipe vaya a sustituir al Rey, por normalidad institucional e incluso para que no se precipite su recuperación», explica Bastida, que añade: «En esta situación actual el Rey podrá firmar, pero tiene que haber una actividad. Ejerce funciones de representación y sin viajar no las hay».

Ninguno de los tres expertos baraja una abdicación a corto plazo: «Supondría deteriorar la imagen de la institución, como si fuera una especie de huida», dice Punset. «Es una decisión suya, pero yo soy partidario de cambios generacionales y sabe que tiene un asesor muy preparado», interviene Álvarez. «Si abdica, deja de ser inviolable y se le podrían exigir responsabilidades, por eso no lo creo», concluye Francisco Bastida.