El PP sacó ayer adelante en el Pleno del Congreso, con el único apoyo de su socio electoral UPN, su proposición de ley de reforma exprés del Tribunal Constitucional (TC), desoyendo las críticas vertidas en su contra por toda la oposición y, por ende, las enmiendas que en la mayoría de los casos pedían la supresión de los artículos modificados.
El texto, censurado por "innecesario" e "inconstitucional", y porque su único objetivo es inhabilitar al presidente catalán en funciones, Artur Mas, si incumple las sentencias del TC, se enviará ahora al Senado, cuya Comisión Constitucional eligió el miércoles -antes, pues, de que el Congreso aprobara la iniciativa- a los miembros de la ponencia que estudiará la reforma.
La proposición de ley se ha tramitado de urgencia (acortando los plazos a la mitad) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) con el fin de poder completar todo el proceso parlamentario antes de las elecciones generales.
La reforma exprés aprobada ayer por la Cámara baja detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según el PP, ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.
El PSOE sostiene que con esta ley el PP "echa gasolina" y "alimenta" el "victimismo de los independentistas catalanes". Pero el partido del Gobierno defendió la reforma porque "arma jurídicamente" a las instituciones frente al "golpe de Estado a cámara lenta" que pretende Mas.
