El Tribunal Constitucional (TC) anulará hoy o todo lo más mañana -cuando, a medianoche, dé comienzo la campaña electoral- la proclama secesionista del Parlamento catalán. Una anulación que, proveniente de un tribunal "totalmente deslegitimado", según el Gobierno en funciones de la Generalitat, dejará intactos los "efectos políticos" de la resolución independentista.

El Pleno del TC incluyó ayer en su orden del día la impugnación del Gobierno contra la proclama, después de que el presidente del tribunal de garantías, Fancisco Pérez de los Cobos, obtuviera un amplísimo consenso entre los magistrados para anularla esta misma semana.

En los últimos días, el presidente del TC y el ponente de la sentencia, Andrés Ollero, la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación de la declaración soberanista por unanimidad.

Fuentes del alto tribunal señalaron que la suspensión cautelar de la resolución acordada por el TC el pasado 11 de noviembre pierde ahora sentido ante la decisión definitiva, aunque es probable que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la obligación de obedecer al alto tribunal que tienen las personas afectadas por su fallo.

Ese día, el pleno del TC suspendió por unanimidad la resolución independentista y decidió notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos, el presidente catalán en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. A todos ellos les advirtió que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acataran su decisión.

Concretamente, a todos se les recordó, a iniciativa del Gobierno, de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El Pleno del TC continuará hoy a partir de las 11:00 horas, y la previsión es que se pronuncie, como mucho, mañana. Una rapidez inusual, ya que las alegaciones del Gobierno de la Generalitat llegaron al tribunal de garantías el pasado 27 de noviembre. En ellas, el Ejecutivo de Artur Mas restó importancia a la proclama del Parlament al decir que se trata, simplemente, de una "aspiración".

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, reconoció ayer que "no es una sorpresa" que el TC acelere la anulación de la declaración. "Era muy previsible", añadió.

No obstante, la anulación "no cambia los efectos políticos" del texto, ya que, a medida que el Estado va poniendo "obstáculos" a las leyes o acuerdos que impulsa Cataluña, el Govern "siempre ha encontrado la fórmula de continuar avanzando", con el convencimiento de que hay que llevar a cabo el mandato democrático de las elecciones del 27-S.

Mientras tanto, la CUP apremió a Junts pel Sí (JxS) a llegar a un acuerdo antes de que la asamblea nacional que ayer convocó para el próximo día 27 tome la decisión definitiva sobre la investidura de Mas. El plazo para lograrlo concluye el 9 de enero: al día siguiente habrá que convocar nuevos comicios anticipados.

CDC (integrada junto a ERC en JxS) exigió a la CUP de que demuestre "con hechos" que quiere un acuerdo, alegando que la coalición ya ha movido ficha con propuestas para buscar el consenso en los tres ámbitos de negociación: la investidura, el proceso constituyente y el plan de choque social.

Sin embargo, el diputado de la CUP Sergi Saladié reprochó a JxS que en estos momentos sólo tengan "una hoja en blanco" con la que "no se puede investir a nadie". A la asamblea del día 27 hay que llegar con "acuerdos" concretos, avisó. La CUP niega haberse enrocado y que el diálogo esté "congelado"; si acaso, puntualizó Saladié, está "resfriado". Pero Jordi Turull (JxS), impaciente, les espetó: "Si no queréis llegar a un acuerdo, decidlo".