La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, anunció ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), hecha pública el jueves, que anula parte del protocolo de usos lingüísticos en el sector público de Cataluña no será acatada por la Generalitat, que no modificará su política lingüística.
El TSJC tumbó el jueves parte del protocolo de usos lingüísticos en el sector público de Cataluña, en particular los dos artículos que fijaban el catalán como lengua de comunicación entre el personal de la Generalitat y el que obliga a que todas las conversaciones se inicien en ese idioma y se prosigan en él, incluso si el usuario responde en castellano, a menos que este asegure no entender el catalán y pida que se le hable en castellano.
Según Franquesa, los funcionarios continuarán atendiendo al público en catalán y prevalecerá el derecho del ciudadano a utilizar la lengua que quiera. "Es una sentencia política", resumió Franquesa.
Precisamente, ayer tomó posesión de su cargo el nuevo presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, quien pidió a los políticos que articulen "respuestas imaginativas" ante el debate soberanista catalán y alertó de que "nadie" debe acudir a los tribunales para buscar soluciones a ese conflicto.
En un acto celebrado en el Palacio de Justicia de Barcelona, al que no asistió el presidente catalán, Carles Puigdemont, Barrientos, de la asociación conservadora Francisco de Vitoria, pronunció un discurso en el que, tras referirse al debate soberanista, sostuvo que "ninguna ley puede pretenderse democrática si desborda e ignora el Estado de Derecho".
