La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría de oposición, citó para el próximo 6 de julio a los dirigentes de Podemos para que respondan por la supuesta financiación ilegal por parte del Gobierno venezolano, informaron hoy fuentes legislativas.

"Yo hice la convocatoria, tenemos que esperar que ellos nos confirmen", dijo a Efe el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.

El diputado añadió que a los dirigentes de Podemos les dieron la opción de proponer otra fecha para comparecer ante esta comisión parlamentaria pues "entendemos la distancia y entendemos que están en campaña".

Guevara declaró que los diputados venezolanos no han hablado con los dirigentes de Podemos directamente, y afirmó que éstos "deberían ser los más interesados en aclarar este asunto, (decir) que ellos no están financiados por un gobierno extranjero".

Recordó que se trata de poco más de 7 millones de euros "que habría dado" el Gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) en su momento "a una fundación que está vinculada a Podemos y de la que eran ellos directivos".

Se trata de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), vinculada con Podemos, mientras que la financiación se habría producido entre los años 2003 y 2011.

La AN citó, con cartas firmadas por el propio Guevara, al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; al secretario de Política del partido, Íñigo Errejón, a Juan Carlos Monedero y a Luis Alegre.

Guevara dijo que informará en los próximos días si los dirigentes españoles respondieron o no a la solicitud.

La diputada de Podemos en Les Corts y tesorera de la Fundación CEPS, Fabiola Meco, negó hoy que la fundación haya recibido 7 millones de euros por parte del Gobierno venezolano por asesorías, mientras que el PP ha pedido que se investigue a los parlamentarios que han trabajado en ella.

Tras la Junta de Portavoces, Meco explicó que esos 7 millones aparecen en un documento interno del Gobierno venezolano pero en ningún caso son órdenes de pago, y defendió que todo lo recibido por la Fundación está declarado, es público y ha pasado todos los trámites.