El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha quedado fuera del juego político, al menos durante los próximos dos años. Esa es la consecuencia inmediata de la sentencia emitida ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que se condena a Mas a dos años de inhabilitación, la pena máxima prevista para los delitos de desobediencia, por no acatar la orden del Tribunal Constitucional (TC) que prohibía la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. La condena es superior al año y medio que pedía la fiscalía.

El TSJC condena también a un año y nueve meses de inhabilitación a la exvicepresidenta Joana Ortega, y a año y medio a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, como cooperadoras necesarias del delito de desobediencia de Mas. El tribunal ha absuelto a los acusados del delito de prevaricación, por el que Mas se arriesgaba a ocho años de inhabilitación.

El expresident ha anunciado que recurrirá ante el Supremo e incluso a las "últimas instancias europeas". Sin embargo, estos recursos no le permitirán ser candidato en unas elecciones autonómicas catalanas, ya que la ley determina que los condenados a inhabilitación no pueden concurrir a procesos electorales aunque la sentencia no sea firme. Esto abre un periodo de incertidumbre en el partido de Mas (el PDeCAT, antigua Convergencia), falto de liderazgos firmes, toda vez que el actual President, Carles Puigdemont, ya ha anunciado que no será candidato en las próximas autonómicas.

En su dictamen, el TSJC sostiene que, llevando adelante la prohibida consulta del 9-N, Mas "hizo quebrar" la regla básica de sumisión a la ley, "imprescindible para una convivencia pacífica" y sometió a "máxima tensión" "valores constitucionales tan esenciales de un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley".

Tras conocer la sentencia, Mas aseguró en rueda de prensa junto a Ortega y Rigau que "no se arrepiente de nada" y que volvería a organizar la consulta del 9-N. Les acompañaban Puigdemont y el portavoz de su partido en el Congreso, Francesc Homs. Todos ellos llevaban en la solapa una chapa con el lema "Ho tornaria a fer" ("Lo volvería a hacer").

Mas consideró que "la ley no es igual para todos" porque, a su juicio, el Gobierno se ha pasado "por el forro" sentencias del TC y "ni los han llamado". Para Mas, el Estado español tiene "una democracia amputada", que contrapuso a la "calidad" de la británica, que permitió el referéndum escocés. Puigdemont afirmó, por su parte, que "lo que la justicia española acaba de condenar, lo indultará el pueblo de Cataluña votando en el referéndum que sin lugar a dudas se celebrará este año". A este respecto, precisó que, en contra de lo que se ha dicho, no tiene intención de adelantar el referéndum a antes del verano y que, por lo tanto, este se celebrará "entre finales de verano y principios de otoño".

Las defensas de Mas, Ortega y Rigau expresaron, a su vez, su temor a que el Supremo cambie su jurisprudencia sobre el delito de desobediencia -hacia el que, hasta el momento ha mostrado una actitud "pacífica"- para hacer "un traje a medida" a los tres condenados. De ahí su intención de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, recordaron, falló en contra de la "doctrina Parot" cuando el Supremo se apartó de su propia jurisprudencia.