Un total de ocho agentes de la Guardia Civil -16 según informaciones luego desmentidas- acudieron a las diez de la mañana de ayer al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Generalitat (CTTI), en L'Hospitalet (Barcelona), para bloquear todos los servicios informáticos susceptibles de ser utilizados en las votaciones prohibidas de hoy. Se trata de 29 bases de datos que iban a ser usadas para el voto telemático y el posterior recuento de datos.

El bloqueo se hizo en cumplimiento de un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los agentes permanecerán en las instalaciones hasta el lunes para asegurarse de que los servicios no son reactivados en algún momento de la jornada de hoy.

Horas después, guardias civiles se personaron en el vecino Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat, organismo de la Generalitat responsable de la ciberseguridad) con la orden judicial de detectar puntos de votación electrónica en los colegios electorales del 1-O y "otros dispositivos susceptibles de recibir comunicaciones" de la consulta prohibida.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró por la tarde que el bloqueo de las instalaciones del CTTI supone "un golpe" a la organización del referéndum ilegal. Por su parte, el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, restó importancia a la intervención, al asegurar que no afectará a la logística del 1-O, aunque precisó que sí impedirá que los ciudadanos puedan hacer trámites telemáticos. "Que todo el mundo esté tranquilo, mañana se votará, se contará y si es necesario se recontará", aseguró Turull.

"Es una muestra más de la desproporción por parte del Estado a la hora de reprimir e intentar que no se celebre el referéndum", dijo Turull tras lamentar que se haya restringido el uso de aplicaciones como el censo de discapacitados o el pago de tributos cedidos.

Entre tanto, al borde de las siete de la tarde de ayer, el Ministerio del Interior anunció que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían comprobado que "gran parte" de los colegios electorales previstos por la Generalitat para el referéndum se encontraban cerrados.

En un comunicado, Interior criticó la "irresponsabilidad" de utilizar a niños o ancianos "con la única finalidad de tratar de impedir una posible actuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". También aseguró que los servicios esenciales de la Generalitat "no se han visto afectados" por la actuación de policial en el CTTI.