Millones de españoles deben de estar aún frotándose los ojos: comprueban con asombro que ningún argumento, policial, judicial o de filosofía política, sirve ya para convencer a los catalanes que se han tirado a la calle al grito de "votarem, votarem" de que el derecho que exigen ejercer no les asiste. Podrá culparse al PP por haber recurrido el Estatut y retrasar la renovación de sillas en el Tribunal Constitucional (TC) hasta que la deliberación sobre el recurso favoreciera una poda del texto aprobado en referéndum inasumible para los nacionalistas. Podrá aducirse que el Govern de Mas aprovechó la durísima crisis económica que había dejado secas las arcas del Estado para impulsar un relato nacional, de liberación de la "Espanya que ens roba", que devolviera la ilusión a los depauperados catalanes (depauperados, también, por el Govern), a la vez que señalara al Gobierno central como el único culpable de los males que les aquejaban. Pero ninguna de esas dos causas habría bastado por sí sola para sostener la insurrección en curso. Sin crisis, la Generalitat hubiera continuado recorriendo el camino de la negociación chantajista, aunque la victoria del PP en las elecciones generales de 2011 había hecho innecesarios los votos de CiU en Madrid. Y con dineros en la mano, el Govern se las habría ingeniado para presentar el expolio del Estatut como una ofensa reembolsable: la tentación de seguir exprimiendo la teta del Estado habría sido más poderosa que la de quitarse el pezón de la boca para ir por libre.
Pero alguien (no Mas, ni CiU, ni siquiera ERC) supo leer acertadamente que el fruto de treinta años de pujolismo, con inmersión lingüística, relato de una rediviva "España negra" y bombardeo propagandístico en los medios catalanes (en todos ellos, sin excepción), proporcionaba un colchón bien mullido a la ambición independentista. La clave de todo el "procés", y de la fase final en que la desafección que ha engendrado ya se encuentra (desafección engendrada, además, ante las narices y con la connivencia de gobiernos del PSOE y el PP), está en la sociología, más que en la política y la economía, y sus lectores aventajados, sus verdaderos intérpretes, no son los dirigentes de los partidos, sino las llamadas entidades soberanistas, especialmente la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuya expresidenta, Carme Forcadell, ha conseguido auparse a la presidencia del Parlament para, en abrazo ecuménico con la mayoría más heterogénea que quepa concebir (un "melting pot" de burgueses de centro derecha y centro izquierda y anticapitalistas asamblearios), volar el órgano de representación de todos los catalanes para instaurar una autocracia: régimen democrático que aprovecha los resortes del parlamentarismo para degenerar en dictadura.
El cambio operado es ya una realidad y, como se trata de personas, no podemos ignorarlas, ni ignorar sus derechos y aspiraciones; pero es constatable ya que la evolución ha sido (es) para peor, pues conduce inevitablemente hacia la peor de las idiocias, la más difícil de combatir: la emocional. Para comprobarlo basta repasar alguna de las entrevistas televisivas a los estudiantes que ocupan el edificio de la Universidad Central de Barcelona, cuyos argumentos infantiles, basados en el deseo, la ilusión y la esperanza de un mundo mejor (un infantilismo que no conoce cortapisa ni se amilana ante las advertencias, da igual de qué institución procedan), encarna a la perfección, aunque sólo sea por espurio interés político, el "procés". Y lo que más asusta no es que crean que gozarán de esa nueva arcadia con sólo independizarse de un país corrupto (como si el suyo, en brote aún, no lo fuera), sino que no hayan reparado en que quienes dirigen la rebelión procurarán situarse en cuanto puedan como establishment alternativo al establishment que aspiran a derribar, y entonces el sueño de una Cataluña edénica perecerá con las primeras palabras del Puigdemont de turno.
