El traslado de sedes oficiales (y no necesariamente de sus servicios centrales y equipos de dirección y de profesionales) por parte de empresas y bancos catalanes a otras regiones es un movimiento de precaución ante el escenario de incertidumbre jurídica y regulatoria que ha suscitado la eventual independencia unilateral de Cataluña. Para los grupos empresariales es una medida defensiva y para Cataluña entraña (en los términos en que se ha planteado hasta ahora) más un impacto emocional, simbólico y psicológico que un daño económico cuantitativo y mesurable.

Repercusión en las empresas. Las empresas que han optado por mudar su domicilio oficial fuera de Cataluña tratan de anticiparse con una medida preventiva al riesgo de que una secesión unilateral de Cataluña sitúe a este territorio fuera de la UniónEuropea, y en consecuencia del mercado único. En el caso de los bancos, el riesgo se acrecienta por el temor a perder el amparo regulatorio y el acceso a las líneas de liquidez del BancoCentral Europeo. Con ello reducen riesgos potenciales y dan garantías de seguridad a clientes, proveedores, prestamistas, accionistas y trabajadores.

Las sociedades que trasladan sus sedes también se protegen de un posible deterioro de su calificación crediticia como consecuencia del peor "rating" que tendría Cataluña si se separase de España, todo lo cual supondría un mayor coste para las compañías en su acceso a financiación y para hacer emisiones de deuda. Porque, aunque las agencias de medición de riesgos también empeorarían su nota sobre España si se produjese la fractura, el deterioro sería previsiblemente muy superior en Cataluña.

Las compañías que se mudan asumen el coste de una posible impopularidad entre los sectores separatistas, pero se evitan el daño reputacional entre el resto de la sociedad catalana y de España y se protegen de posibles movimientos de represalia y boicot en el mercado nacional. En el caso de los bancos, la medida es aún más necesaria porque todas las entidades financieras son muy vulnerables en caso de retirada de depósitos, ya sea por desconfianza o por rechazo.

Impacto para Cataluña. Para la economía catalana el daño es más importante en lo intangible que en lo tangible.

La economía catalana pierde patrimonio histórico y referencial, emblemas centenarios en algunos casos y símbolos intrínsecos del tejido empresarial y del saber hacer de la comunidad. La Caixa yBancoSabadell tienen un valor institucional, representativo e identitario, y no sólo económico.

Sin embargo es un salida más testimonial que real, dado que ninguna empresa va a renunciar ni a reducir su presencia en la principal locomotora económica de España (19% del PIB) y en el segundo mayor mercado regional por número de habitantes y el cuarto en PIB per capita y renta por habitante.

Mientras no haya deslocalización o trasvase de actividad económica, el cambio de sede no tiene impacto en el PIB y en el empleo. Y algunas de las instituciones que han mudado su sede oficial precisaron que no harán traslados de personal ni de los servicios y oficinas centrales.

La medida tiene como finalidad prioritaria garantizar la nacionalidad española de las empresas en el futuro y asegurar así su continuidad en la UE y en la Unión Monetaria y el pleno acceso al mercado nacional.

Impacto fiscal. Desde el punto de vista recaudatorio tiene un impacto menor. El impuesto de sociedades, que es el más importante que afrontan las empresas, no es de recaudación territorial y es indiferente la comunidad autónoma en la que figure domiciliada la sociedad. Los ingresos los hace el Estado y no las autonomías.

El IVA y el IRPF seguirá igual porque se tributa allí donde se realizan las operaciones mercantiles y se pagan los salarios y no donde la sociedad tenga su sede. Cataluña sólo pierde el Impuesto de Actividades Económicas en el caso de grandes empresas, y que es muy poco significativo, y el de Actos Jurídicos y Documentados si estas sociedades protagonizasen operaciones societarias en el futuro.

La Caixa, BancoSabadell yGas Natural (los casos más notorios de mudanza hasta ahora conocidos) pasarán a tener una sede nominal en Valencia,Alicante y Madrid, respectivamente, y mantendrán -como hasta ahora- sedes operativas y oficinas y servicios centrales en Barcelona. En este sentido, su contribución a la economía catalana no se reducirá. Y tampoco tiene por qué cambiar su arraigo y enraizamiento en la sociedad y estructura productiva catalanas. Lo que cambia es la perspectiva.

Otras empresas, caso de los bancos Santander, BBVA,Bankia, Liberbank y otras sociedades, ya operan desde hace años con esta doble (e incluso múltiple)estructura de sedes, en las que el domicilio legal no se corresponde con la sede real en la que se produce la toma de decisiones y en la que concentran el grueso e sus estructuras societarias.