El Gobierno considera que las medidas puestas en marcha al amparo del artículo 155 sirvieron para revertir la "paralización" de la Generalitat y normalizar su funcionamiento. Cuando se cumplen seis meses de la intervención de la administración catalana, el Ejecutivo sostiene que esa actuación permitió desmontar el entramado de entes públicos por la independencia.
Desde el 27 de octubre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó 220 acuerdos relativos a Cataluña, en su mayoría correspondientes al Ministerio de Hacienda. Según su propio balance, el Gobierno central gestionó pagos correspondientes a la Generalitat por 8.000 millones de euros, de los que más de 2.000 fueron destinados a proveedores y más de 1.000 a entidades locales. Además, la preocupación ciudadana por la independencia de Cataluña bajó más de 20 puntos desde la aplicación del artículo 155.
