El Gobierno de Pedro Sánchez no abordó ayer eventuales subidas de impuestos, según afirmó en su primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. En sus cuentas alternativas, el PSOE, aún en la oposición, incluía un alza de 6.500 millones, a la que renuncia, tal y como explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su toma de posesión.

No obstante, el gabinete considera que, incluso sin mayores impuestos, "hay posibilidad de mejoras sociales, respetando los Presupuestos" aprobados en el Congreso antes de la caída de Rajoy y que ahora se tramitan en el Senado. "Tenemos trabajada en muchas comunidades autónomas la cuestión de introducir mejoras en política social", añadió Celaá.

La portavoz, responsable de la cartera de Educación, compareció en una rueda de prensa de 50 minutos -en la que buena parte de las preguntas giraron en torno a Cataluña- que inició pidiendo a los informadores "diligencia", en el sentido de "comprensión", porque de lo contrario, dijo, "ustedes me van a asar". En sus palabras introductorias, Celaá, bilbaína de 68 años, dio una sugerente alternativa a la engorrosa fórmula "Consejo de Ministras y Ministros", que sólo utilizó una vez. La portavoz se refirió en varias ocasiones a la reunión del Ejecutivo como "Consejo de Gobierno". Tal vez como herencia de su paso por el gabinete autonómico de Euskadi, que lleva precisamente ese nombre y en el que se le atribuye haber desempeñado un papel crucial en la cristalización del sistema de enseñanza vasco.

La comparecencia de Celaá, amable y algo insegura, sólo arrojó un anuncio en firme -el levantamiento del control previo del gasto de la Generalitat- y una amplia declaración de intenciones, entre ellas la de incrementar la presencia española en la UE mediante una asistencia regular a los consejos de ministros comunitarios. La portavoz adelantó que los responsables de cada cartera comparecerán de inmediato en el Congreso para exponer sus objetivos, agradeció que este miércoles se haya eximido al Gobierno de sesión de control y aseguró que el Ejecutivo se puso "muchos deberes" en su reunión de ayer, entre ellos, activar "directivas europeas que están dormidas".

Preguntada por la enseñanza concertada, Celaá aseguró que "no tiene nada que temer", aunque, matizó, la pública es prioritaria por su carácter "universal y gratuito". Fueron varias las preguntas a las que respondió "eso no se ha tratado", además de la cuestión impositiva: por ejemplo, quién desempeñará la presidencia de la Comisión delegada de Asuntos Económicos, si se reunirá pronto la Conferencia de Presidentes o cuándo se celebrará el próximo debate sobre el estado de la nación, que el PP quiere inmediato. Respecto a iniciativas legislativas contra la "ley mordaza" o sobre RTVE, anunció que debutarán con "varias medidas" que se conocerán "la semana que viene". Celaá dio por sentado que el Gobierno no tendrá "cien días" de gracia, pero con amabilidad pidió: "Déjennos trabajar unas semanas".