M. CASTRO
La asamblea de trabajadores de Factorías Juliana aprobó ayer dar los 35.000 euros acumulados en la caja de compensación del astillero (aportaciones realizadas durante décadas por el personal del taller para cubrir contingencias sociales de trabajadores) para la fianza de 40.000 euros que el Juzgado de instrucción número tres de Gijón ha impuesto a J. A. R. B., el trabajador acusado de asestar un golpe con el asta de una pancarta a un agente de Policía durante los incidentes que se produjeron el día de la inauguración del Acuario Municipal, el 9 de junio de 2006. Los trabajadores también aprobaron realizar descuentos voluntarios en sus nóminas, de 20 euros al mes, hasta reponer esos 35.000 euros. El presidente del comité de empresa, René Rodríguez, pidió en la asamblea a los trabajadores que participen en la manifestación que convoca la Plataforma Contra la Represión y por las Libertades para el próximo día 22. UGT es el único sindicato de clase de Gijón que no la convoca.
Con el fin de lograr los otros 5.000 euros, el comité distribuirá bonos de cinco euros para recaudar esa cifra, apuntó el secretario de la sección sindical de UGT en Juliana, Félix Magadán.
J. A. R. B. se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por atentado a la autoridad y por lesiones. La acusación particular eleva la petición a seis años. La situación podría variar, dado que UGT está negociando con la acusación para que retire la denuncia o rebaje considerablemente su petición, explicó Magadán ante los asistentes a la asamblea. El agente herido, de 53 años y que está de baja desde el golpe, ha sido propuesto para pasar a segunda actividad (reserva) por pérdida de actitudes psicofísicas, con lo que perderá unos 400 euros al mes en su nómina. A segunda actividad se pasa normalmente a la edad de 60 años en la Policía. La cuenta da una pérdida de unos 33.000 euros, que es la cifra que estudia pedir como compensación la acusación particular, si se materializa el pase a la reserva, además de los 30.000 euros que solicita el fiscal por la baja y las secuelas. A esta cifra hay que añadir las costas judiciales.
Pagar la indemnización supondría un atenuante que llevaría a la fiscalía a rebajar a su vez la petición de cárcel, aunque no garantiza que el trabajador vaya a evitar el ingreso en prisión. El fiscal actúa en este caso de oficio.
