El comité de Juliana alerta del despido de casi toda la plantilla a finales de este mes

M. C.

El comité de empresa de Factorías Juliana informó ayer a responsables de la Consejería de Industria y a los grupos políticos de la Junta General del Principado del inminente despido de la práctica totalidad de la plantilla del astillero gijonés el próximo 30 de noviembre. Así se lo han transmitido a los sindicatos los administradores judiciales del concurso de acreedores de la factoría naval. De los 173 trabajadores del astillero de El Natahoyo, sólo permanecerán en sus puestos alrededor de una decena, según confirmaron ayer fuentes empresariales. La mayoría de los afectados se prejubilará o recolocará, por las garantías que ofreció la SEPI a la plantilla cuando vendió Juliana a Factorías Vulcano por 2,08 millones de euros en 2006.


La única alternativa para evitar una parte de esos despidos es que la empresa obtenga financiación para acabar la obra del buque cementero que se construye para el grupo Masaveu. La empresa está negociando con una entidad financiera asturiana un crédito de 10 a 15 millones de euros, según diversas fuentes, que coinciden en que es muy difícil que lo obtenga. El grupo Masaveu espera que la obra se reanude, como muy tarde en enero. Fuentes de Juliana no descartan que el barco acabe trasladándose a otro astillero para su conclusión.


De los 173 trabajadores que quedan en Juliana, 148 dejarán sus puestos con el paracaídas comprometido por la SEPI: 112 mayores de 52 años se podrán prejubilar y 36 se recolocarán en astilleros públicos de Navantia. Otros 25 empleados, contratados tras la privatización del astillero en la modalidad de obra y servicio, se irán a engrosar las listas del paro.


La SEPI se está resistiendo a conceder a los excedentes de Juliana las mismas condiciones de prejubilación y recolocación que dio a su personal de Izar Manises cuando cerró esta factoría valenciana. No obstante, tendrá que afrontar un mayor coste del previsto tras la sentencia de un Juzgado de lo social que obliga a Juliana a integrar en su propia plantilla, con efectos anteriores a la privatización, a un trabajador de la contrata de mantenimiento ACG por prestamismo laboral. La sentencia está recurrida. Se trata de un precedente que podrían seguir otros trabajadores de empresas auxiliares para acceder a una prejubilación o a una recolocación en una empresa pública.


Los tres grupos políticos de la Junta General del Principado se comprometieron ayer con el comité de empresa a efectuar una declaración institucional conjunta de apoyo a los trabajadores, como ya hicieron en el Ayuntamiento de Gijón. Un centenar de obreros de Juliana acompañó ayer al comité en su desplazamiento a Oviedo, concentrándose ante las instituciones autonómicas.


Por su parte, la presidenta del PP gijonés, Pilar Fernández Pardo, exigió ayer la integración inmediata en el grupo público Navantia de Factorías Juliana, en el caso de que no aparezca ningún empresario que quiera reflotar el astillero.