Miriam SUÁREZ
Las sentencias anulatorias que castigan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) empiezan a tener efectos secundarios. Además de cierta incertidumbre jurídica, esta cadena de fallos judiciales desfavorables está provocando dudas también a nivel financiero. Tanto es así que, ahora, los bancos se muestran más reacios a avalar las operaciones residenciales que se derivan del actual planeamiento urbanístico, invalidado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en 23 ocasiones.
Fuentes bancarias admiten que «no está la situación económica como para asumir riesgos añadidos». Cautela con la que ya han tropezado algunos empresarios de la construcción que participan en el desarrollo del PGOU. Cuando todavía no se han superado las dificultades financieras propiciadas por la crisis, surgen nuevos problemas en los tribunales: «Hay miedo a lo que pueda pasar con el plan urbano» de Gijón, a pesar de las garantías que ofrece el gobierno local.
El TSJA declaró el planeamiento urbanístico gijonés contrario a derecho por irregularidades de carácter medioambiental y carencias en su proceso de tramitación. La última sentencia anulatoria se notificaba a las partes este mismo lunes. El Ayuntamiento asegura que la anulación no será efectiva hasta que lo diga el Tribunal Supremo, donde ya se han recurrido algunos de los fallos contrarios al PGOU.
Aun así, y para evitar cualquier posibilidad de inseguridad jurídica, se ha decidido revisar de oficio el Plan General de Ordenación. Este documento, que entró en vigor hace dos años, establece las claves normativas del crecimiento urbanístico de la ciudad y en él se amparan proyectos residenciales como el previsto en Bernueces o Cabueñes. Según el Ayuntamiento, la revisión pulirá los aspectos formales del PGOU, no su contenido.
A pesar de que el equipo de gobierno insiste una y otra vez en que no se tocarán los derechos urbanísticos ya adquiridos, desde los despachos de algunos bancos sigue sin verse claro el horizonte del PGOU. «¿Y si, al final, las operaciones para las que nos piden financiación tienen que cambiar o se frustran?», plantean las entidades. Quienes se sientan al otro lado de la mesa temen que esta precaución «sea una excusa más para no conceder créditos».
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