M. CASTRO

Los representantes de Factorías Juliana han solicitado al juez que se encarga de su concurso de acreedores, que considere que el astillero gijonés es propietario del los dos sísmicos que el armador noruego Petroleum Geo Services (PGS) ha cancelado por incumplimiento del plazo de entrega. Ambos buques fueron contratados por la empresa matriz de Juliana, el astillero de Vigo Factorías Vulcano, que a su vez los subcontrató con su empresa filial. Vulcano se llevó en diciembre de 2008 los barcos a Vigo, a medio hacer, para su conclusión. De salir adelante la propuesta de Juliana, el astillero gijonés se quedaría con la propiedad parcial de dos barcos sin comprador, en lugar de tener un derecho de cobro frente a Vulcano por la construcción de los mismos.

En juego están 58,89 millones de euros y que el juez admita o rechace el planteamiento de la filial gijonesa de Vulcano tendrá consecuencias al respecto. Los administradores del concurso de acreedores de Juliana consideran que los barcos son propiedad de Vulcano y que el astillero gallego debe abonar al gijonés 58,89 millones de euros, pendientes de pagar por la obra hecha en Gijón.

El planteamiento de la empresa gijonesa es distinto: Como Vulcano aún no ha pagado todos los trabajos efectuados en ambos barcos, éstos siguen siendo en parte propiedad de Juliana. De ser así, se complicaría el cobro de la obra efectuada en los buques, algo que dependería de la venta de los barcos a un armador distinto a PGS, con un precio incierto. También ocurriría lo mismo con un tercer sísmico, el 534, del que se hicieron algunos bloques en Gijón y que es previsible que sí se llegue a entregar en plazo suficiente.

Lo que da lugar a dos interpretaciones distintas es el hecho de que aunque Vulcano se llevó la obra de estos barcos a Vigo en 2008, nunca llegó a resolver los contratos con su empresa filial. Para los administradores concursales se produjo una «resolución material» por parte de Vulcano, que controlaba la gestión de su filial gijonesa. Para esta última empresa, «la opinión que al respecto puede tener la administración concursal es tan sólo eso, una opinión sin efecto jurídico alguno».

Vulcano está buscando compradores para los dos buques cancelados. Vulcano tendrá que pagar a PGS 39,6 millones (dinero adelantado más intereses y costas) tras ganar el arbitraje por la cancelación del 532. Otros 39 millones están pendientes de un segundo laudo arbitral por el buque 533. PGS pidió al juez que los barcos no se consideren propiedad de Juliana.