A. RUBIERA

Susana Iglesias tiene un «subidón de moral» desde que se hiciera pública la primera sentencia en Asturias donde un juez condena a un banco gijonés -Bankinter- por vender a un pequeño empresario un producto financiero de alto riesgo y tintes especulativos, sin el conocimiento ni las explicaciones suficientes de lo que había contratado. Para el juez, esos productos llamados «swap», complejos, de riesgo y especulativos, muy popularizados por la banca, no deberían ofrecerse sin información clara a los clientes y asegurándose que los han comprendido.

Precisamente el empresario Laudelino Suárez creyó que su banco le había ofrecido un seguro que le protegía contra las subidas del euribor, pero salió del error cuando el citado producto le generó en un año una deuda de más de 74.000 euros. Deuda que ahora el banco deberá devolverle por orden judicial. Su caso no es único. De hecho, Suárez forma parte de un grupo de usuarios de banca de toda España (en Asturias hay cerca de medio centenar que están en contacto, y cada día se suma alguien nuevo) que hasta ahora se han organizado a través de internet (www.noclip.es) para dar publicidad a estas prácticas bancarias de riesgo y animar a las denuncias ya que, como él mismo asegura, «han podido llevar a la ruina a muchas familias».

A Susana Iglesias el Bankinter también le debe, según sostiene, una «pequeña fortuna, al menos para una pequeña empresa familiar como es la mía». En concreto, Iglesias les reclama por vía judicial los más de 14.000 euros que ha perdido como consecuencia de haber firmado uno de esos contratos bancarios con mucha letra pequeña y compleja. El mismo día que su compañero de infortunio obtenía el respaldo judicial, Susana Iglesias tenía una vista previa en el Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón por su demanda contra el banco, aunque finalmente no se celebró por la incomparecencia del abogado de los demandados.

«La mía es una pequeña empresa familiar de prefabricados de hormigón en la que trabajamos mis padres, mis hermanos y unos pocos empleados. Yo me encargo de los temas administrativos y mi intención cuando fui al banco, en febrero de 2008, era contratar una póliza de descuento para manejar mejor los pagarés y letras de cambio que recibimos de los clientes. Me la concedieron y, a la vez, me insistieron en que tenían un producto muy bueno para un cliente como yo, buen pagador y que no daba problemas», relata. Esta gijonesa afirma que lo que le dijeron en el banco, básicamente, es que ese producto «lo que iba a hacerme era amortiguar la subida del euribor. Me dieron el contrato y aunque le di mil vueltas, de la letra pequeña no entendí mucho. Por eso volví a que me lo explicasen. Y lo que me quedó claro es que lo que iba a firmar era gratuito, no me costaba nada, y me protegía contra las subidas y las bajadas del euribor. Nunca nadie me dijo que había riesgo en lo que firmaba, ni que iba a tener que pagar nada», explica la joven gijonesa.

Esa conversación con el responsable del banco la ha repasado mil veces en su memoria desde que, casi un año después de aquella operación, y a punto del vencimiento de su póliza de descuento, optó por no renovarla. Al comercial que le atendió le pidió que le cancelase también los productos asociados. «Recuerdo que me dijo que lo pensara bien, que era un poco más complicado porque tenía un plazo más largo que el tema de la póliza. Finalmente me dijo que la cancelación me suponía 12.000 euros. Pensé que era una broma».