E. MÉNDEZ/ M. SUÁREZ
Desde el tratamiento de los núcleos rurales a la distribución de las antenas de telefonía. La Federación vecinal «Les Caseríes» aprobó ayer la que será su propuesta urbanística en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación (PGO), que consume su primer período de información pública el próximo sábado. El planteamiento conjunto de la zona rural parte de que «el Ayuntamiento «no ha justificado adecuadamente las necesidades de vivienda de la ciudad» y «está tratando como sugerencias lo que deberían ser alegaciones».
A partir de ahí, las parroquias gijonesas reivindican que «se ponga en valor lo que hay» frente a los grandes desarrollos residenciales que planea el equipo de gobierno; que «se dispersen los monocultivos de vivienda protegida»; y que el Ayuntamiento «justifique las grandes bolsas de suelo industrial» previstas en Tremañes y Porceyo o los cuatro millones de metros cuadrados reservados para la futura zona de actividades logísticas en San Andrés de los Tacones. La Federación «Les Caseríes» llama la atención, además, sobre cuestiones que afectan muy directamente a los vecinos de la zona rural como «la falta de previsión para la actividad agrícola y ganadera» o «los desequilibrios que se generan con los viales de los ámbitos de ordenación». También piden «un tratamiento específico para las construcciones que, con la desaparición del suelo genérico, han quedado fuera de ordenación». Y hacen especial hincapié en los «recortes ineficaces» que se producen al incluir algunas parcelas en núcleo rural. A saber: «Una finca de 4.000 metros cuadrados, de la que recalifican como núcleo sólo 3.000. Como la parcela estándar mínima es de 2.000, hay una falta de aprovechamiento de 1.000 metros cuadrados».
La zona rural incluso se refiere a la ordenación de las antenas de telefonía móvil o a los alquileres. Sobre lo primero, sus portavoces consideran conveniente que «se incluya en los planos del PGO un mapa específico de las estaciones de telefonía, para conocer los niveles de cobertura de la ciudad y si se están autorizando más antenas de las necesarias». En cuanto a lo segundo, los vecinos plantean que «si existe un recargo del 50 por ciento en el IBI por tener una vivienda desocupada, quienes decidan alquilar deberían tener un beneficio». El documento de «Les Caseríes», elaborado por el abogado Antonio García, es independiente del que preparan las propias asociaciones que integran la Federación. Como Somió, Vega, Leorio, La Pedrera o Sotiello, que presentarán su nómina de propuestas.
Por otra parte, representantes de varias asociaciones de la zona oeste anunciaron ayer tras una reunión en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos que presentarán varias alegaciones conjuntas al documento de prioridades del PGO. Y el PP presenta hoy públicamente su documento de alegaciones en la Biblioteca Pública, a las 19.00 horas.
