El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero Montes, ha decidido abrir diligencias de investigación sobre el hallazgo en un zulo de la Campa Torres de miles de piezas vinculadas a las excavaciones arqueológicas en la zona. La fiscalía estudia la posibilidad de que exista un supuesto delito contra el patrimonio histórico español a partir de la denuncia presentada hace unas semanas por el PP en la fiscalía del área de Gijón. «En esta historia hay muchas contradicciones que aclarar y muchas responsabilidades que depurar», explicaba ayer el concejal popular Manuel Pecharromán tras anunciar la decisión de la fiscalía y la petición de su grupo de una comparecencia especial del edil de Cultura, Justo Vilabrille, en el Pleno del próximo día 14. Además, hoy mismo se debatirá una moción en la Junta General y se ha solicitado una nueva comparecencia de la consejera de Cultura, la ex concejala gijonesa Mercedes Álvarez.

Una reordenación de espacios en la Campa Torres en marzo del año pasado sirvió para encontrar decenas de cajas con casi 20.000 piezas arqueológicas que estaban en un búnker al que se accedía por una puerta tapada por unas estanterías. Estos restos llevaban una década «desaparecidos». El Ayuntamiento realizó un inventario del que se informó el pasado mes de abril a la Consejería de Cultura. Ése es el momento en el que la polémica salta a la actualidad política y cultural del Principado, en coincidencia con el rifirrafe por el nombramiento de Francisco Cuesta como director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Cuesta es uno de los responsables -el otro es el fallecido José Luis Maya- de las excavaciones de la Campa que dieron lugar a estos materiales abandonados.

«Esto debía haberse aclarado en 24 horas de una manera tan sencilla como presentando el inventario de los materiales, pero ya han pasado quince días y siguen sin permitirnos el acceso a ningún informe. Los socialistas intentan ganar tiempo para recuperar los materiales. Hay denuncias públicas de arqueólogos sobre la desaparición de piezas y la posibilidad de que puedan estar fuera de Asturias», explicó Pecharromán.

El PP habla de expolio y no encuentra «más que incongruencias» en las explicaciones que han venido ofreciendo tanto Vilabrille como Álvarez desde los ámbitos local y autonómico, respectivamente. Para empezar, en la cantidad del material recuperado. «Se habla de 8.322 piezas selectas, pero el concejal suma otras 330 cajas de material diverso, y según la Consejera son 287 cajas», explicó el edil popular. También hay serias dudas sobre el daño que puedan tener las piezas recuperadas tras llevar años en un espacio que no era el idóneo técnicamente para su mantenimiento.

La decisión de la fiscalía de asumir la denuncia del PP e iniciar una investigación «no significa nada». No, al menos, para la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, que le quitaba hierro a la noticia poco después de que los populares la hicieran pública. «El Ayuntamiento está tranquilo. La fiscalía admite a trámite la denuncia para poder pedir información sobre el asunto», explicó. Aunque, de momento, no existe «constancia de que se nos haya pedido absolutamente nada», apuntó la Alcaldesa.

Los hechos objeto de investigación se remontan al período comprendido entre 1989 y 2000, cuando se desarrolló la última fase de excavaciones en el área arqueológica de la Campa Torres. Para el grupo de la oposición, lo ocurrido tiene visos de delito contra el Patrimonio Histórico Español y así se lo ha hecho saber a la fiscalía, que será la que determine ahora si hay o no indicios para abrir un procedimiento judicial. Para Paz Fernández Felgueroso, sin embargo, Gijón destaca «no sólo por la protección del patrimonio arqueológico, sino muy especialmente por su voluntad de conservación e inversión, que es una de las más altas». El compromiso del Ayuntamiento de Gijón con la recuperación del patrimonio arqueológico de la ciudad fue uno de los elementos que más destacó el edil de Cultura, Justo Vilabrille, a la hora de explicar el incidente. Vilabrille mantuvo y mantiene que en la Campa Torres no hubo ningún atentado contra el patrimonio.