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El juez Campo primó a la empresa de su hermana, según el Colegio de Abogados


- Los juristas llevan al Consejo del Poder Judicial la designación del servicio de mediación
- El magistrado cree la denuncia un ataque a su «profesionalidad»

 10:09  
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Sergio Herrero Álvarez.
Sergio Herrero Álvarez. 
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R. GARCÍA
El nuevo proyecto de mediación impulsado por los cuatro juzgados de familia de Asturias está levantando ampollas. La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Gijón denuncia que la iniciativa no ha contado «con la participación, el consenso ni siquiera el conocimiento previo del Colegio». Los abogados lamentan que el proyecto se haya llevado a cabo «por la vía de los hechos consumados» y que se haya designado como responsable del mismo a una empresa privada, dejando a los profesionales del derecho de la ciudad «al margen».

La junta de gobierno de la institución colegial ha pedido un informe sobre esta empresa de mediación al Consejo General del Poder Judicial. Entre tanto, uno de los principales impulsores de la idea, el magistrado de familia Ángel Luis Campo, defiende el proyecto asegurando que las acusaciones realizadas por los letrados son «falsas» y que constituyen, además, «un ataque a mi profesionalidad y objetividad».

La polémica entre el citado juez y el Colegio comenzó con los primeros pasos del proyecto de mediación. La primera semana de mayo los cuatro juzgados de familia de Asturias pusieron en marcha dos centros de mediación, uno en Gijón y otro en Oviedo, con el apoyo del Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación (GEEM). La idea pasaba por desviar un pleito cada semana a los mediadores para así permitir que en la región se solucionasen los litigios judiciales con acuerdos entre las partes.

En Gijón los profesionales que se encargan de este grupo pertenecen a la asociación Mediadores Asociados del Principado de Asturias (MAPA). Ahí surge el primer punto de conflicto entre ambas partes. En la misiva enviada a los abogados, la junta de gobierno del Colegio de Abogados asegura que esta entidad privada está públicamente vinculada con la hermana del magistrado que «promueve la actividad» y que con la inclusión de esta empresa en el proyecto se ha dejado de lado al Servicio de Orientación a la Mediación (SOM), que lleva funcionando dos años y medio en la institución que defiende los intereses de los letrados.

Ángel Luis Campo contestó poco después a estas acusaciones en una carta enviada al decano del Colegio de Abogados, Sergio Herrero, en la que asegura que su proyecto «se ajusta al protocolo de derivación que realizó en su día el Consejo General del Poder Judicial por su carácter multidisciplinar y gratuito». El magistrado mantiene que la institución que agrupa a los letrados gijoneses fue informada en todo momento de lo que estaba sucediendo: «La falta de comunicación ha sido generada por el propio decano del colegio, pues han sido varios los intentos de hablar de ésta y de otras cuestiones que afectan al derecho de familia». En palabras del juez de familia, la asociación MAPA «lleva varios años realizando la mediación escolar en el Principado de Asturias». Una trayectoria profesional que, para Campo, justifica su inclusión en el nuevo proyecto mediador, en el que participan tanto psicólogos como abogados, «una posibilidad que nunca permitió Sergio Herrero, quien sólo dejaba que la mediación la hicieran los letrados».

Para el juez, las acusaciones vertidas por la junta de gobierno del Colegio resultan desafortunadas: «Los mediadores que participan en el proyecto no cobran nada; es más, ponen su tiempo y su dinero para los traslados, desatendiendo sus despachos en el tiempo que dedican a estas sesiones».

Una vez que han conocido cómo funciona el sistema de mediación impulsado desde los Juzgados asturianos, los abogados han querido ir más allá en sus protestas. «El proceso, tal y como al parecer va a desarrollarse, no garantiza la voluntariedad ni la confidencialidad de la decisión de las partes para participar o no en la mediación familiar que el propio Juzgado promueve». Ángel Luis Campo mantiene, por su parte, que no existe ninguna «coacción» a los pleiteantes. Si bien es cierto que el magistrado es el primero que introduce a los ciudadanos que acuden a su Juzgado en la mediación, ésta se lleva a cabo cuando la fecha del juicio ya está señalada, por lo que no influye en el procedimiento judicial: «A los aspirantes se les dice por qué se ha elegido su expediente, se les informa de la necesidad de que los letrados estén presentes a fin de que puedan asesorarles y cuando les acompaño al despacho les dejo a solas diciéndoles que cualquiera de las partes puede dar por finalizada la sesión sin que haya después ningún tipo de consecuencia negativa para ellos». Las sesiones del sistema de mediación que llevaban a cabo los abogados se realizaban en la sede del Colegio.

Los letrados esperan ahora conocer, con el informe solicitado por escrito al Consejo General del Poder Judicial, los pormenores de un proyecto en el que, según su versión, se les ha excluido. En su escrito al CGPJ, el Colegio pide que el órgano de gobierno de los jueces explique algunas de las características de este nuevo sistema de mediación, como por ejemplo el carácter jurídico de la asociación de Mediadores Asociados del Principado de Asturias y si existen fondos públicos de financiación para esta iniciativa judicial.

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