Vulcano anuncia la suspensión de pagos a raíz de la liquidación de Factorías Juliana

Factorías Vulcano anunció ayer la inminente presentación en el Juzgado de una suspensión de pagos, a raíz de la liquidación de su filial gijonesa, Factorías Juliana. La suspensión de pagos del astillero vigués supone un escollo más a la búsqueda de una salida para la reactivación de la construcción naval en la bahía de Gijón. El motivo es que la próxima entrada en un concurso de acreedores de Factorías Vulcano hará que sean incobrables los 56 millones de euros que el astillero gallego adeuda a su filial gijonesa. Ahora las posibilidades de los acreedores para cobrar sus deudas se ciñen a la enajenación de las instalaciones fabriles de El Natahoyo, por las que el grupo Armón llegó a ofrecer, con el apoyo del Principado, 16 millones de euros. Algunos acreedores abogaron ayer por que las instalaciones se vendan al mejor postor. Esto es, quieren que suba el precio.

Factorías Vulcano ya había advertido antes de la celebración de la junta de acreedores del pasado viernes que la liquidación de Juliana arrastraría al astillero gallego a un concurso de acreedores. La insolvencia de Vulcano, con deudas ya vencidas y no pagadas, no sólo se debe al pufo de 105 millones con el que ha entrado en liquidación el astillero gijonés. Vulcano se ha acogido ahora a un artículo de la ley Concursal (el 5.3) que le permite abrir un período de negociación individualizado con los acreedores durante tres meses, prorrogables en un mes más. Sólo entonces tendrá que presentar el concurso de acreedores. Con esta maniobra, la dirección de Vulcano consigue evitar el control judicial de la gestión del astillero durante ese tiempo, sin el riesgo de que cualquier acreedor le inste la quiebra, lo que acarrearía responsabilidades patrimoniales para los administradores del astillero vigués. En esos tres meses, Vulcano tratará de conseguir suficientes apoyos para presentar un convenio de acreedores que evite la liquidación. También le permitirá conseguir financiación para acabar uno de los tres barcos que tiene en cartera, el sísmico 533, cuyo casco se construyó en Gijón. La Xunta de Galicia se muestra dispuesta a ayudar a Vulcano a conseguir los 21 millones de euros de financiación necesarios para la terminación de ese barco, después de que Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) rechazara conceder avales ante los bancos.

El concurso de acreedores de Vulcano se tramitará de forma independiente al de Factorías Juliana, pero sí influirá en el mismo en la práctica. La administración concursal de Factorías Juliana promovió una demanda contra Vulcano por la decisión unilateral del astillero gallego de trasladar a Vigo los dos buques sísmicos cuyos cascos construyó en Gijón, el 532 y el 533, tras haber dejado unas deudas en Juliana de 58,9 millones de euros. Una sentencia judicial reconocía el derecho de Juliana a cobrar ese dinero. De poder cobrarlo, hubiera sido un buen bocado para los acreedores del astillero gijonés, ya que esa cantidad representa más de la mitad de los 105 millones de deuda de Juliana (a los que se añaden otros 11,23 millones de gastos en que ha incurrido Juliana durante la tramitación del concurso).

Ahora esos 58,9 millones de euros pasan a ser prácticamente incobrables. ¿Motivo? La legislación establece que en una quiebra las deudas con empresas vinculadas son las últimas que se pagan. Esto es, antes tendría que cobrar el resto de acreedores todas sus deudas íntegramente, lo que en la práctica nunca sucede.

Ante esta coyuntura, las expectativas de cobro de los acreedores se ciñen prácticamente al dinero que se obtenga por la venta de los activos fijos del astillero gijonés, valorados por la administración concursal de Juliana en 74,71 millones de euros (Vulcano eleva esa cifra hasta los 81,8 millones de euros), de los que 24,42 millones corresponden a los 85.926,11 metros cuadrados que Juliana tiene en propiedad en El Natahoyo y el resto, a la obra civil del astillero, los edificios, maquinaria y otras instalaciones.

Vulcano y Armón habían llegado a un acuerdo para la compraventa de esos activos por 16 millones de euros (Armón también asumiría la hipoteca de 20,69 millones de euros a favor de Pymar sobre los terrenos del astillero). El grupo naval de Navia sigue interesado en la adquisición de esas instalaciones durante el proceso de liquidación del astillero de El Natahoyo.

Algunos de los acreedores de Factorías Juliana señalaron ayer que a raíz de la liquidación los bienes deberían subastarse o en caso de que se opte por una venta directa que la misma se haga «con el acuerdo unánime de todos los acreedores». Pymar y el Banco Popular son los principales acreedores.