Gracias a LA NUEVA ESPAÑA me enteré de la llegada a la cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo del profesor Girón Garrote, y por causalidad me entero de que la noticia había sido una «serpiente de verano», ya que la cátedra sigue vacante esperando que alguien la ocupe, pero no está claro que sea el citado profesor, pues, al parecer, en el departamento de Historia parece existir un grupo que se empeña en retorcer la ley para adaptarla a sus deseos, filias y fobias.

El correlato de los hechos supone tal cúmulo de disparates, dislates e incumplimientos de la legalidad que tal parece que más que un asunto universitario nos encontremos ante alguna «querella de caleyes», rifirrafe de patio de monipodio o ajuste de cuentas mafioso.

En su día, los órganos rectores de la Universidad decidieron aplicar un baremo para colocar a los 73 catedráticos acreditados en una lista, según la puntuación lograda. El citado profesor ocupó el número 15, con una puntuación de 2,33, mientras que otro profesor del mismo departamento quedó en un lugar muy atrás en la lista. Pero el sector bolchevique del departamento se niega a acatar las disposiciones del Rectorado y boicotea la cátedra.

Mientras que los papeles van y vienen, aparecen y desaparecen como por arte de birlibirloque, el consejo del departamento de Historia propone a quien presenta escasos méritos, pero tiene el marchamo de la ideología -cuestión, ésta, que en dicha extinta Facultad parece ser de vital importancia desde los tiempos en los que el factótum profesor Ruiz, don David, deambulaba y repartía doctrina y sabiduría (más de aquélla que de ésta, bien es cierto) por los pasillos del venerable edificio-. Y todo ello sin que el señor rector magnífico sea capaz de tomar una decisión tan fácil y sencilla como hacer que las normas emanadas del propio Rectorado se cumplan.

Y es que la cuestión que reviste especial gravedad de toda esta triste y llamativa historia, tan propia de la vetusta clariniana que parece perseguimos impertérrita ante el paso del tiempo, presenta algunos tintes preocupantes de los que no es el menor el desprecio a la ley que demuestran algunos responsables del departamento de Historia, quienes deberían demostrar su respeto con el ordenamiento jurídico y precisamente hacen lo contrario, retorcerlo, para adaptarlo a sus caprichos o intereses de clan.

Si existe una falta evidente de respeto a la ley, el tema va más allá para adentrarse en los caminos de la ilegalidad manifiesta rayando, quizás, en una posible prevaricación únicamente disculpable en el caso de que quienes actúan de espaldas a ella aleguen desconocimiento, que no exime del oportuno acatamiento. El asunto es muy preocupante en un centro universitario, pero ¿qué decir de la actitud de quien debiera velar por la dignidad de la más alta institución académica? Es posible que para alguien docto en el campo de las ciencias experimentales las cuestiones relacionadas con las normas le resulten un tanto ajenas, pero no debemos olvidar que, precisamente por ocupar el puesto que ocupa, es su deber y su obligación hacer cumplir y mantener el respeto a la legalidad, por muy duro que pueda resultar tomar algunas decisiones.

Creo que estamos en nuestro derecho de exigir, como contribuyentes, pero aún más como ciudadanos, que se restituya el respeto a la ley y que la legalidad se cumpla a rajatabla sin más demora, por el bien de la institución académica, su buen nombre y su dignidad, pero también como prueba, para quienes en sus aulas se forman, de que no pueden existir cotos privados en una institución pública.