La respuesta del Ayuntamiento a las alegaciones presentadas contra el Plan General de Ordenación (PGO) empieza a llegar a los interesados. La Federación «Les Caseríes», que agrupa a las asociaciones de vecinos de la zona rural gijonesa, ha sido uno de los primeros colectivos en recibir por escrito la contestación municipal. De los once puntos planteados, sólo se admite uno, y parcialmente.
El jarro de agua fría ya se esperaba. Las parroquias siempre han mantenido una difícil relación con el equipo de gobierno por la política urbanística de la ciudad. De la zona rural proceden, de hecho, los contenciosos que consiguieron anular el PGO en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, forzando así la revisión del documento. El nuevo Plan General sigue sin recoger sus reivindicaciones: «Lo que han hecho es sanear, no revisar», reprochan.
La Federación rural ya ha puesto en manos de sus abogados el escrito remitido por los servicios técnicos municipales. El Ayuntamiento les informa de que «se estima parcialmente la alegación relativa a que los planes especiales que fijen la ordenación de los núcleos rurales, para redistribuir la edificabilidad en las zonas adecuadas para uso residencial o productivo, se promuevan desde la Administración, de forma que no existan costes de gestión».
En los próximos días, representantes vecinales de la zona rural celebrarán una asamblea para analizar la situación. Por lo pronto, «nos da la impresión de que estiman algo que no era exactamente lo que pedíamos; tenemos que estudiarlo a fondo», señalan. Han tenido poco más de un día para leer la notificación del Ayuntamiento. Tras esa primera lectura rápida, algunos ya se muestran dispuestos a «presentar otro contencioso».
La concejalía de Urbanismo ha rechazado tajantemente su propuesta de ampliar los núcleos rurales, caballo de batalla de «Les Caseríes» desde hace casi una década. Sobre las situaciones fuera de ordenación, la Federación considera que «hay pérdida de derechos». Para los servicios técnicos, sin embargo, «las viviendas fuera de ordenación ya tienen garantizado su mantenimiento» con pequeñas reparaciones y, en caso de que «no estuviere prevista expropiación o demolición en los próximos 15 años», podrán autorizarse obras parciales.
Insuficiente, según la zona rural gijonesa, que también ha llamado la atención sobre el hecho de que operaciones como la prevista en Hoya Casares o Castiello de Bernueces se hereden del planeamiento anulado por los tribunales. ¿La explicación municipal? «Estas dos actuaciones se recogen con el grado de detalle de un plan parcial como garantía de seguridad jurídica ante la posibilidad de una sentencia contraria del Supremo», que deberá decidir si la nulidad del PGO es o no firme.
