Francisco GARCÍA
La unión temporal de empresas que llevó a cabo las obras de ampliación de El Musel, Dique Torres, que acaba de reclamar por escrito a la Autoridad Portuaria gijonesa 350 millones de euros, pondrá la defensa jurídica de sus intereses legales frente al Puerto gijonés en manos de un bufete de abogados en el que trabajan dos ex altos directivos de Puertos del Estado en la época en que el actual presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, era ministro de Fomento.
El despacho en cuestión, Lama Asociados, cuenta entre sus directores letrados con Juan Ramón García Notario, abogado del Estado actualmente en situación de excedencia, que fue director de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, entidad que depende del Ministerio de Fomento. García Notario ocupó ese puesto de alta dirección en la época en que Cascos era ministro de Fomento y José Llorca Ortega presidía el ente portuario. También está vinculado al bufete al que Dique Torres ha encargado la defensa de su reclamación económica el ex subdirector del servicio jurídico de Puertos del Estado, el también abogado del Estado en excedencia Carlos Gil de las Heras.
Dique Torres, que aglutina en unión temporal a Dragados, Fomento de Construcciones y Contratas, Drace, Sato y Alvargonzález Contratas, va a por todas en la reclamación multimillonaria que ha comunicado a la Autoridad Portuaria gijonesa. Por ese motivo ha encargado el asunto a un prestigioso despacho de Galicia con sede en Madrid. Juan Ramón García Notario es un reconocido especialista en derecho portuario y urbanístico que además de haber trabajado para Puertos del Estado lo ha hecho en el puerto de Las Palmas, Puerto Seco de Madrid, Dirección General de Patrimonio, Parque Móvil del Estado y holding empresarial público de la Comunidad de Madrid. También ha dirigido la comisión legislativa de la ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General.
Por su parte, Carlos Gil de Las Heras es especialista en Derecho Administrativo y Portuario y participó en la redacción de la reforma de la ley de Puertos.
Las obras de ampliación del puerto de Gijón, que fueron adjudicadas en 499 millones de euros, acabaron costando 1.059 millones (sin IVA). La que ha sido la obra civil más importante de las realizadas hasta ahora en Asturias puede verse envuelta en una nueva polémica, con la nueva reclamación multimillonaria de Dique Torres. En la imagen, el ex ministro José Blanco, con Areces, el día de la inauguración del nuevo Musel, el pasado enero.
