M. CASTRO

La reforma laboral abre la puerta al despido objetivo en las administraciones públicas, lo que permitirá que ayuntamientos y comunidades autónomas echen a la calle a centenares de empleados laborales en esas instituciones o en sus empresas públicas. El siguiente paso será facilitar el despido de los funcionarios. Así lo advirtió ayer en Gijón el secretario confederal de acción sindical de USO, José Vía. El Gobierno de Cantabria, la Universidad en Cataluña y la SEPI son los primeros que van a aprovechar la reforma laboral para despedir a miles de sus trabajadores y la «sangría en las empresas públicas» seguirá, para aligerar las nóminas «del 80% de los ayuntamientos del país, que están quebrados».

El despido con indemnización de 20 días se puede aplicar «desde ya» para el personal laboral de las administraciones públicas y «los funcionarios de carrera serán los próximos». añadió el sindicalista, que ayer compareció en Gijón junto al secretario general de USO Asturias, Francisco Baragaño, y al secretario regional de acción sindical, Ángel Suárez.

José Vía insistió en que la reforma laboral hará extremadamente difícil que las empresas contraten a parados de entre 30 y 45 años, dado que los contratos a los menores de 30 o a los mayores de 45 están bonificados. También dificultará que se contrate a los parados que no cobran prestaciones, dado que se bonifica la contratación de los que sí las cobran. La situación es grave si se tiene en cuenta que en España hay 3 millones de familias con todos sus miembros en paro, de las que 1,5 millones no tienen a ningún miembro que cobre prestaciones por desempleo. ¿Qué va a ser de ellos?, se pregunta el sindicato.

José Vía criticó a las cúpulas de UGT y CC OO a nivel federal, a las que calificó como «parte de la reforma» por el acuerdo previo que alcanzaron con la patronal CEOE, en el que cedieron derechos de los trabajadores. Según el dirigente de USO, en aquel acuerdo los responsables de los sindicatos mayoritarios aceptaron un recorte anual del 1,5% en los salarios, dado que las subidas pactadas serán del 0,5% y no se revisarán hasta que el IPC no supere el 2%. «Por primera vez se renuncia a la cláusula de revisión salarial y se sustituye por una actualización que no actualiza la tabla salarial, sino que sólo se pagarán de una vez los atrasos. Además, la negociación a partir de 2014 no se hará en base al IPC, sino sobre el producto interior bruto (PIB) del país», indicó José Vía. La actualización salarial pactada también descuenta el incremento del IPC derivado del aumento del precio del petróleo. Para un trabajador con un salario de 22.000 euros anuales, USO calcula que perderá 2.452 euros al cabo de tres años.

Para USO «bajar los salarios no crea empleo, y abaratar el despido, tampoco». La reforma laboral que generaliza el despido con 33 días de indemnización por año y con un máximo de 720 días de indemnización también abre las puertas «de par en par a las empresas para que puedan despedir por causas objetivas con 20 días por año y un límite de doce mensualidades».

Otro de los cambios de los que abomina el secretario confederal de acción sindical de USO es el que ayer denominó «ERE exprés», la posibilidad de hacer regulaciones de empleo sin trámite administrativo previo.

USO participará en la movilización convocada por la confederación europea de sindicatos para el próximo día 29. El sindicato no descarta la respuesta con una huelga general, algo, no obstante, que requeriría de la unidad sindical para el éxito.