La decisión de la Autoridad Portuaria de Gijón de vender parte de su patrimonio, para reducir la abultada deuda que soporta como consecuencia de los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel, atrajo ayer sobre su presidente, Emilio Menéndez, el fuego cruzado de socialistas, IU y del sindicato CC OO, que rechazan esa decisión por las «consecuencias graves» en opinión del PSOE, por ser algo «innecesario» para la coalición de izquierdas o por tratarse de una posible antesala de la privatización de todo el Puerto, según el sindicato. La medida, en cambio fue elogiada por el presidente de la patronal asturiana y consejero del puerto, Severino García Vigón, quien la considera «lógica».
Entre el patrimonio portuario que se pone en venta, Emilio Menéndez concretó el edificio que acoge la sede de la Autoridad Portuaria en la calle Claudio Alvargonzález, la Quinta La Vega (Jove), además de varias parcelas de la ZALIA (en la que el puerto posee el 30% del accionariado). La ley de Puertos también obliga a la Autoridad Portuaria a vender el 68,8% de las acciones que posee en la terminal de graneles sólidos EBHISA, algo «deseable» para Menéndez, pero difícil de conseguir a buen precio en la actual coyuntura de descenso de tráficos por esta terminal.
Severino García Vigón recordó ayer que la venta de patrimonio portuario «no es nada nuevo, es una exigencia que ya había puesto Puertos del Estado» cuando concedió en 2009, a través del ICO, un crédito de 215 millones de euros a la Autoridad Portuaria para hacer frente a los sobrecostes de la obra de ampliación.
Con anterioridad a los sobrecostes también hubo venta de patrimonio portuario. El ex presidente de El Musel Fernando Palao ya planteó en 2004 la venta del edificio de la Autoridad Portuaria en el Parque Científico y Tecnológico (lo acabó comprando el Principado para convertirlo en la primera sede de la RTPA), la venta de la Quinta La Vega (no se llegó a realizar) y la privatización de la gestión del puerto deportivo local. Bajo el mandato de su sucesor, Fernando Menéndez Rexach, el Puerto presentó una alegación al Plan General de Ordenación para recalificar los terrenos que había tenido en concesión Naval Gijón. El futuro de ese solar se decidirá en un concurso de ideas que abrirá en el otoño el Puerto.
«Es lógico deshacerse de infraestructuras no vitales para la actividad portuaria. Coincido con el presidente del Puerto en que no se deben malvender y en que ahora no es el mejor momento para la venta» por la situación del mercado inmobiliario. «Es una decisión lógica y racional», añadió.
El portavoz del PSOE en el Parlamento asturiano, Fernando Lastra, señaló ayer que «hay que tener cuidado con vender las joyas de la abuela para solucionar problemas coyunturales de déficit, porque al final te encuentras con que la reducción del patrimonio termina teniendo consecuencias muy graves a futuro», tras lo que comparó la venta de patrimonio portuario con las privatizaciones de empresas públicas bajo el Gobierno de Aznar, tras las que posteriormente «hemos lamentado no haber tenido presencia y algunos recursos patrimoniales que generan valor económico y social». Tras formular esas advertencias sobre la venta del patrimonio portuario, Lastra matizó: «Ya veremos. Hay que analizar caso a caso».
Jorge Espina, portavoz municipal de IU, considera que al desprenderse de patrimonio en el Puerto «resuelven un problema puntual, pero hipotecan la capacidad de acción futura de la Autoridad Portuaria». Añade que «no hay ninguna necesidad de realizar esta venta masiva de patrimonio público», considerando especialmente preocupante la privatización de EBHISA que supone «un riesgo de precarización» del empleo.
CC OO de Asturias difundió ayer un comunicado alertando de que el anuncio de venta de patrimonio portuario y privatización de la terminal granelera se ha hecho «al mismo tiempo que el Ministerio de Fomento planea fusiones o privatizaciones de aquellos puertos que tengan pérdidas», lo que lleva al sindicato a considerar que esta venta de patrimonio sea la antesala de «la privatización del puerto de El Musel, o cuando menos de las actividades más rentables». CC OO también se sumó al rechazo que han manifestado otras organizaciones a la subida de tasas en El Musel al considerar que «podría poner en serio riesgo» el futuro de Arcelor-Mittal, HC o Tudela Veguín, provocando ajustes internos en estas industrias o incluso su «deslocalización».
