Miriam SUÁREZ

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) ha dado luz verde al expediente de expropiación forzosa presentado por los promotores del plan de Castiello de Bernueces contra un grupo de pequeños propietarios de la parroquia. Se zanjan así las discrepancias que ambas partes venían manteniendo desde hace años en relación a las últimas diez parcelas que componen esta unidad de actuación urbanística.

Las fincas en cuestión, siete ubicadas en suelo urbano y tres en suelo rural, apenas representan el 1 por ciento del ámbito de influencia del plan de Castiello, que ocupa una superficie de casi un millón de metros cuadrados. Pero las dificultades de los promotores para hacerse con este terreno de mutuo acuerdo interfieren directamente en la tramitación del proyecto, ya de por sí ralentizado como consecuencia de la crisis y de los problemas jurídicos que ha tenido que solventar el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad.

La aprobación del expediente expropiatorio no implica, sin embargo, que se de por buena la valoración estimada por los empresarios que lideran la operación de Castiello de Bernueces. Es más, la CUOTA prácticamente duplica el precio del metro cuadrado, elevando los 87,68 euros iniciales a 176,75. En ambos casos se aplica el sistema de tasación conjunta, independientemente de la calificación urbanística de cada parcela expropiada.

La resolución de la CUOTA parte de una alegación presentada durante el período de información pública. Su estudio ha llevado a la Comisión de Urbanismo a concluir que, en el caso de Castiello, son de aplicación las reglas de la anterior ley del Suelo sobre régimen de valoraciones. Para hacer el cálculo final, se toma como referencia la ponencia catastral del municipio en 2008 y los coeficientes que fijan las leyes de Presupuestos Generales del Estado a la fecha de tasación del terreno expropiado.

Contra la aprobación de este expediente, que ayer se notificó públicamente a través del «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), se podrá interponer recurso durante un plazo de un mes. En caso contrario, se habrá salvado uno de los últimos escollos administrativos que tenía pendientes el plan de Castiello, que también se ha visto obligado a pasar por una evaluación de impacto ambiental. El Principado comunicaba esta exigencia en octubre de 2011, después de seis años de trámites y gestiones. Es la primera vez en Asturias que un desarrollo urbanístico de estas características debe evaluar su influencia sobre el entorno.

La de Castiello de Bernueces es la actuación residencial más ambiciosa del PGO gijonés. Su ejecución generará alrededor de 4.000 viviendas, dentro de un plan que ya tenía la aprobación inicial del Ayuntamiento cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias obligó a redactar un nuevo planeamiento urbanístico. Para una mayor seguridad jurídica, los promotores del proyecto no dudaron en iniciar la tramitación prácticamente desde cero, una vez que entró en vigor el nuevo PGO.

De la junta de propietarios que promueve la operación forman parte algunas de las principales constructoras del Principado, que unieron fuerzas en una misma sociedad empresarial para hacerse con el control del plan de Castiello frente a las grandes firmas nacionales del sector. Aunque el desarrollo de este plan se ha retrasado mucho más de lo previsto, a día de hoy, es el que está más avanzado del planeamiento urbanístico gijonés.