«El tiempo le ha dado la razón a las marchas verdes». El tiempo y los tribunales. La Federación «Les Caseríes», que agrupa a las asociaciones de vecinos de la zona rural, volvía ayer a darle un repaso al urbanismo gijonés. A raíz de la sentencia que anula el Plan General de Ordenación (PGO) por segunda vez en tres años y medio, propiciada en esta ocasión por la parroquia de Vega, «tenemos que ser permeables al proceso que ahora se abra, para que esto se reconduzca».

Desde la Federación rural «aportaremos todo lo que podamos» para que la revisión urbanística prometida por el equipo de gobierno «sea realista». Los vecinos, que consideran el PGO de 2005 y el de 2011 «un gran fiasco», entienden que hay que redactar un nuevo planeamiento. En primer lugar, por cuestiones legales: «Con la anulación, retrocedemos al Plan Rañada de 1999, que está obsoleto en sentido normativo. Existe la obligación de cambiarlo».

Dicha obligación emana de la ley regional que eliminó los denominados suelos genéricos y a la que el anterior equipo de gobierno se tuvo que adaptar elaborando un nuevo PGO. «Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, porque lo que se hizo en Gijón fue una temeridad. El Plan General que propusieron en 2005 era irrealizables y no hicieron enmienda en 2011».

Las consecuencias las pagaron los vecinos de muy distintas formas. Algunos, en el recibo de la contribución. De ahí que los portavoces de las parroquias planteasen la posibilidad de reclamar la revisión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que durante estos años se ha venido gravando a los suelos recalificados con el Plan de Ordenación. Incluso hubo quien propuso la creación de un colectivo de afectados, para poder presionar con más fuerza a la Administración.

En opinión de Antonio García, abogado de la Federación «Les Caseríes», «hay base para reclamar el IBI, porque se cobró en función de una recalificación que nunca existió» al haber sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El letrado, experto en temas urbanísticos y autor del contencioso que dio lugar a la primera sentencia desfavorable contra el PGO, considera que «habría que atacar la ponencia de valores ante Hacienda, mejor conjuntamente que mediante escritos individuales».

Según García, esta reclamación «debería suponer una revisión catastral de oficio». Algo que en lo que incide el contencioso presentado ya por un grupo de promotores de la ciudad, que también solicitan que sus fincas tributen como rústicas y no como edificables. «Esto repercute en los presupuestos», advirtió el abogado de la zona rural, que cuestiona los recursos previstos por el Ayuntamiento y remarca que «cualquier actuación no comprendida en el Plan de Rañada hay que tramitarla de nuevo, y eso afecta a cientos de actuaciones, no sólo a los grandes urbanizables».