Los vecinos de San Andrés de los Tacones sufrieron el expediente expropiatorio de la ZALIA cuando la ley les era más desfavorable. Según la legislación vigente, el suelo se valora dependiendo de cuál sea su uso en el momento de la ocupación forzosa. Con anterioridad, se tasaba el terreno en función del aprovechamiento que se le iba a dar.

Así que a los expropiados de la ZALIA se les pagó como rústico o núcleo rural un suelo que, unos años antes, se hubiera valorado como industrial. Esta desventaja ha llevado a diversas formaciones políticas a llamar la atención sobre la situación que atraviesa la parroquia de San Andrés. Pero los afectados todavía siguen esperando a que «se haga justicia».

Desde que cambió el Gobierno en la Administración regional no han vuelto a sentarse con ningún dirigente de la Consejería, ahora de Fomento. No descartan solicitar una reunión con su máxima responsable para explicarle «cómo puede expropiarse a 2,99 euros terreno que ellos mismos pagaron a 30; y que no digan que es la ley».