El Gobierno del Principado se prepara para la aplicación, a partir del 1 de junio, del real decreto que obliga a presentar un certificado de eficiencia energética con cada contrato de compraventa o alquiler. Lo que, según puso ayer de manifiesto el director general de Minería y Energía, Isaac Pola, «no es fácil dados los plazos que tenemos y la complejidad del procedimiento».
Dar cumplimiento a esta nueva legislación será competencia de las comunidades autónomas. Desde el Principado, según explicó Pola, «ya hemos habilitado una sección» para comenzar a tramitar los certificados y elaborar un registro de profesionales cualificados, principalmente arquitectos e ingenieros.
Precisamente, la Escuela de Ingeniería del campus gijonés fue el escenario elegido por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr) para celebrar -ante «las dudas que nos surgen», como reconoció su presidente- unas jornadas divulgativas sobre el nuevo reglamento. Como prueba de la incertidumbre existente, el público asistente desbordó la capacidad del Aula Magna, donde intervinieron varios miembros de Atecyr, el director general de Minería y Energía y el director de la Escuela Politécnica de Gijón.
El decreto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado, el 15 de abril, pretende poner en valor el ahorro energético tanto en las edificaciones de uso privado como público. Mediante unas etiquetas se informará al consumidor del grado de eficiencia del inmueble que pretende comprar o alquilar. La Administración regional deberá llevar a cabo un control que, en el caso del Principado, «podría delegarse a entidades reglamentarias o técnicos independientes», anunció Isaac Pola.
