El gobierno del Principado de Asturias tiene claro que la guerra contra el cigarrillo electrónico no ha hecho más que empezar. Después de que el ejecutivo regional prohibiera el pasado miércoles la presencia de vapeadores en los edificios de administraciones públicas, centros sanitarios y educativos, medios transporte y parques y zonas de juego infantiles, el Director General de Salud Pública del Principado, Julio Bruno, alertó ayer de que este tipo de dispositivos provocan un aumento del tabaquismo y no sirven, en ningún caso, para dejar de fumar.
"Estamos esperando la regulación tanto de la Unión Europea como del gobierno central, que prepara una ley de consumo, pero hemos dado un primer paso que ya acordamos en el consejo interterritorial de Salud y que ahora pedimos que también apliquen las instituciones locales", argumentaba ayer Bruno poco antes de inaugurar las vigésimas jornadas municipales sobre drogas que se celebraron en el centro municipal integrado Pumarín Gijón Sur bajo el título "La ciudadanía que construye salud". Para Bruno los denominados vapeadores no sólo no ayudan a abandonar el tabaquismo sino que lo incitan. "Es sólo una forma de soslayar la regulación que tenemos contra el tabaco y de promover conductas imitativas", argumentaba ayer el Director General de Salud Pública del Principado.
Durante la inauguración de las jornadas contra la droga el responsable regional defendió también la regulación que tramita el gobierno asturiano y que pretende elevar a 18 años la edad para poder comprar alcohol. "Hay que ponerle coto al alcoholismo en los jóvenes y para ello necesitamos consenso social", explicaba Bruno, haciendo hincapié además en la necesidad de mantener recursos como la Unidad Terapéutica de la cárcel de Villabona, que estos días se ve amenazada por el posible cierre de uno de sus módulos. "Las actitudes regresivas y destructivas que se hacen contra un servicio con una eficacia contrastada son muy preocupantes", mantuvo.
