La que fuera propietaria de la agencia Viajes San Lorenzo, una gijonesa cuya identidad responde a las iniciales M. G. S., se enfrentará a partir del 14 de mayo a una condena de seis años de cárcel acusada de estafar a 211 clientes a los que cobró, según la Fiscalía, viajes que luego no llegó a reservar. Los hechos tuvieron lugar, tal y como figura en el informe redactado por el Ministerio Público, entre febrero y septiembre de 2011 en el establecimiento situado en la calle Joaquín Fernández Acebal.

El juicio en el que tendrá que comparecer M. G. S. se prolongará durante una veintena de sesiones. El juzgado no tiene previsto finalizar el procedimiento, de hecho, hasta mediados de junio. Ante el tribunal están llamados a declarar 165 testigos. Entre los perjudicados se encuentran, según la Fiscalía, alumnos de las facultades de la Universidad de Oviedo de Medicina, Psicología, Peritos y Administración y Dirección de Empresas. Todos ellos habían encargado a la ahora procesada la organización de sus viajes fin de carrera. Unos paquetes vacacionales que los denunciantes habrían pagado en varias cuotas pero que nunca pudieron disfrutar. La Fiscalía pide también que se devuelva todo el dinero del que presuntamente se apropió M. G. S., a la que se procesa por un delito de estafa continuada que sufrieron, además, ciudadanos que le pagaron sus viajes de novios.

En el momento de su arresto la procesada aseguró en conversación telefónica con este periódico que se había puesto en contacto telefónico con la Policía "en cuanto tuvo conocimiento de las denuncias". Tras su declaración en Comisaría pasó a disposición judicial. Ante el magistrado de instrucción la empresaria reconoció que se encontraba "en un mal momento económico" y admitió que en ocasiones hacía frente a los gastos personales como la hipoteca o el colegio de sus hijos, "con los recursos económicos de la empresa", dejando en tierra a personas que le habían reservado viajes con destino a Nueva York, Marruecos o Kenia.

Los primeros que dieron la voz de alarma fueron los estudiantes de la Facultad de Peritos en la madrugada del día 1 de septiembre de 2011. Era entonces cuando tenían previsto viajar a la Riviera Maya. Pero fueron los primeros en quedarse sin vacaciones. El abogado de la dueña de la agencia de viajes avisó a los estudiantes del cese de la actividad de la empresa mediante un correo electrónico. Desde entonces se organizaron para llevar el tema a los tribunales inciándose una larga instrucción que ahora concluye con la vista oral del juicio.

Los estudiantes aseguraron en su día que los problemas venían de lejos. "Hace unos meses que la mayorista con la que operaba la expulsó y nos acabamos de enterar; ahora los contratos que firmamos ya no valen para nada porque la agencia no está detrás", contaba entonces una de las afectadas que poco después acabaría firmando la demanda ante los tribunales. A finales de agosto algunos universitarios habían acudido a la agencia a pagar los seguros que debían. Pocas horas más tarde el contacto con la dueña de la agencia se convirtió en imposible. Los estudiantes llegaron incluso a desplazarse a casa de la ahora procesada.