Rafael Felgueroso, portavoz del gobierno de Foro Asturias, aseguró ayer que su partido no vinculará sus decisiones en materia de política urbanística tras la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de 2011 al posible coste económico para las arcas municipales de las reclamaciones patrimoniales que presenten propietarios de suelo, promotores y constructores afectados por esta situación.

"La respuesta que dé el Ayuntamiento no viene motivada en razón del importe de las reclamaciones, por muchos millones que sean", sentenció el edil en funciones, que tras el 13-J abandona el Ayuntamiento para recuperar su trabajo como abogado.

La patronal asturiana de la construcción eleva a 500 millones de euros el posible coste para el Ayuntamiento de esas reclamaciones patrimoniales. El gobierno de Foro no da cifras pero espera que la suma no sea tan grande. "Hay que verlo caso a caso y reclamación a reclamación, no se puede hablar de una situación general", concretó el edil. El Tribunal Supremo convirtió en firme hace unos días la anulación del PGO de 2011 al rechazar los recursos presentados tanto por el Ayuntamiento como por un grupo de promotores. Ello supone -ya que el PGO de 2007 corrió la misma suerte en los tribunales-que el urbanismo gijonés se rige ahora por el planeamiento de 1999- y que desaparecen las grandes operaciones residenciales que se habían puesto en marcha en, por ejemplo, Cabueñes, Granda o Castiello.

Operaciones que tampoco aparecen en la revisión integral del Plan General de Ordenación que ahora mismo se tramita al amparo del gobierno de Foro Asturias. El actual equipo de gobierno considera que la nueva Corporación podrá votar en pocos meses la aprobación inicial de ese nuevo Plan General. Mientras, el PSOE reivindica retramitar parte del PGO de 2011 que generaron la anulación -los informes de Vega y El Muselín que no salieron a información pública- para dar más celeridad a la solución.