Una de las cuestiones que pone de relieve el nuevo informe de la IGAE es la urgencia con la que se tramitó y licitó el proyecto de ampliación. Entre otras cosas, las interventoras que realizaron el informe destacan que el proyecto fue aprobado de urgencia por el consejo de administración de El Musel el 16 de febrero de 2004, a pese a las numerosas objeciones que expuso sobre el mismo el entonces presidente portuario, Fernando Palao Taboada, y pese a que no estaba garantizada su financiación.
No sólo se inició antes el expediente de contratación, sino que el proyecto fue licitado con anterioridad a que la UE aprobara conceder un máximo de 247,5 millones de euros de subvenciones de los Fondos de Cohesión a la obra.
Hoja sin firmar
Las interventoras también resaltan que "el plan de inversiones aportado" en el expediente es "una hoja sin firmar" por ningún responsable portuario.
En el consejo de febrero de 2004 se aprobó la denominada variante Este, propuesta por Puertos del Estado. A pesar de que Palao cuestionó su seguridad, su operatividad, la afección a las playas y su coste, el consejo dio de paso la propuesta por "la urgente necesidad" de conseguir fondos europeos.
César Salvador Artola, representante de Puertos del Estado indicó en aquel consejo de administración: "La decisión de la inversión no puede condicionarse al compromiso de obtener fondos europeos, pues no se puede garantizar si se van a conseguir finalmente. Lo normal sería adoptar el acuerdo respecto de la alternativa que se quiere realizar y solicitar que la inversión se integre en los procesos legales establecidos para la obtención de los fondos europeos, en la mayor cuantía posible".
