El informe pericial realizado por las interventoras del IGAE señala que Puertos del Estado debería "haber recabado para sí la aprobación técnica del proyecto", conforme establece la normativa de contratación de Puertos del Estado, dada la importancia del mismo y las importantes objeciones que había reseñado en el informe que hizo del proyecto elaborado por la Autoridad Portuaria de Gijón.

El choque de criterios técnicos de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Gijón quedó patente en las objeciones del informe elaborado por el organismo de Fomento y en la contestación a las mismas de la Autoridad Portuaria de Gijón, que se negó a modificar el proyecto.

La evaluación técnica de Puertos del Estado alude a sobredimensionamiento de estructuras, precios escasos y costes que no han sido tenidos en cuenta, además de a un plazo escaso de ejecución.

Puertos del Estado hace observaciones que "revelan graves dificultades para la correcta ejecución del proyecto en el plazo previsto y con los procesos constructivos propuestos", instando a la Autoridad Portuaria a modificar los pliegos de contratación.

Otro punto alude a que los diques están sobredimensionados, con más material "respecto a la práctica común". Las auditoras destacan que finalmente "las prescripciones reflejadas en el informe de Puertos del Estado no han sido recogidas en los pliegos".

Entre otras cosas, el Puerto justificó su rechazo alegando que Puertos del Estado estaba aplicando una normativa anterior a la vigente y dando otras explicaciones técnicas, como que reducir el tamaño de los bloques de hormigón del dique de Torres en un mar como el Cantábrico haría que no estuviera protegido, al ser curvo o que no existía una referencia comparable al dique Norte, un dique vertical, construido con cajones de hormigón.

El expediente de la obra de ampliación de El Musel que la Autoridad Portuaria de Gijón remitió a la Audiencia Nacional está incompleto. Al menos eso es lo que se desprende de las observaciones realizadas por las dos interventoras de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que lo han examinado a petición del juez y que han constatado "ausencia de documentación". Entre esa documentación a la que no han tenido acceso señalan informes y estudios relativos a la afección de la ampliación a la playa de San Lorenzo y estudios previos a la obra sobre las canteras y otras posibles fuentes de obtención de materiales para la ampliación.

En la playa de San Lorenzo estaba previsto verter arena para paliar los efectos sobre la misma de la ampliación, pero se acabó aparcando esa idea ante las dificultades para encontrar un yacimiento con arena similar a la de la playa gijonesa. Estudios posteriores pusieron en duda la conveniencia de esas aportaciones de arena. En cuanto a las canteras, la mayor parte de los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel se justificaron precisamente con los problemas para explotar las canteras previstas para la obra. La obra se licitó y adjudicó en 499 millones de euros (sin IVA) y por la misma se acabaron pagando cerca de 710 millones, incluyendo sobrecostes y actualización de precios. Dique Torres reclama otros 350 millones en los juzgados (300 por sobrecostes).

El informe de la IGAE, fechado el lunes de la semana pasada, forma parte de las diligencias ordenadas por el juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, que investiga las supuestas irregularidades destapadas por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) en la obra de ampliación.

El informe de la IGAE aprecia irregularidades en la licitación, en la adjudicación, en la ejecución del proyecto y en la asunción de los sobrecostes de la obra. Entre otras cosas afirma que el Puerto y la UTE Dique Torres pactaron en 2006 unos sobrecostes de 200 millones de euros, pero demorando su tramitación administrativa hasta después de las elecciones autonómicas de 2007. También que la adjudicación de la obra a Dique Torres fue irregular y que los sobrecostes podían haberse evitado o minimizado corrigiendo las "deficiencias" en la ejecución de la obra.

Pese a las numerosas irregularidades que reseña el documento, sus autoras apuntan sobre el mismo que tiene "limitaciones al alcance derivadas de la ausencia de documentación" y también indican que el expediente también incluye mucha documentación sin firmar.

Entre la documentación que echan el falta las interventoras está el proyecto de regeneración de la playa de San Lorenzo "debidamente conformado por la Dirección General de Costas" ni tampoco el proyecto para la extracción de arena para regenerar la playa. Ambos documentos, señalan las interventoras, debían estar ejecutados antes de la finalización de la construcción del dique de abrigo. El primero de ellos, además debía estar redactado antes del inicio de la construcción del dique.

Aunque no lo relaciona expresamente con la playa, el informe de la IGAE también alude a la falta de una página en el informe elaborado por Puertos del Estado sobre la obra de ampliación, página en la que precisamente se habla sobre la regeneración de la playa.

Respecto a ese informe de Puertos del Estado, organismo que depende del Ministerio de Fomento, las interventoras indican que también les llegó sin varios anejos, de entre los que destacan la ausencia del anejo titulado "estudio de materiales de aportación".

Ese estudio de materiales no es la única documentación del expediente que el IGAE echa en falta. También hacen hincapié en que no les han remitido el estudio que encargó la Autoridad Portuaria a la Universidad de Oviedo antes de la obra sobre las posibles fuentes de obtención de materiales (escombreras, zonas vertidos de otras obras, canteras, minas) en un radio de 60 kilómetros. Se trata del "único documento en el que se cuantifican los precios del material en función de la distancia del origen del suministro", durante la contratación de la obra.

Otros documentos que las interventoras echan en falta en el expediente son documentación aportada por el Puerto a Puertos del Estado para que informara sobre el proyecto; el plan de inversiones y el plan de empresa; las ofertas de los licitadores distintos del adjudicatario; los libros de órdenes, el libro de incidencias y el proyecto de seguridad y el programa de trabajo que debió presentar el contratista cuando realizó la oferta, obligatorio según la normativa de contratación de Puertos del Estado y el los pliegos de contratación de la obra.

Además, las auditoras tampoco tuvieron acceso a los contratos suscritos con las empresa que realizaron el transporte y las facturas emitidas por la prestación de ese servicio ni a las facturas emitidas por las empresas propietarias de las canteras con las que se suscribieron los contratos de suministro de materiales.

Desde la Autoridad Portuaria se declinó ayer hacer valoraciones acerca del informe de la IGAE, limitándose a señalar que "se atenderá cualquier petición si echan en falta algo. Como desde el principio, nuestra disposición es colaborar en lo que nos sea requerido, con lo que nos pidan y tengamos", indicó una fuente oficial.