A instancias de un juez, se conocerá el número exacto de afiliados a corriente de pago que tiene el PP de Gijón. El magistrado Sergio Alonso, titular de Primera Instancia número 11, reclamó ayer al partido que aporte sus ficheros y datos bancarios para comprobar el volumen exacto de militancia que tiene en Gijón. Aceptó así la petición de Manuel Estrada, abogado de los exconcejales críticos (Manuel Pecharromán, Gabriel Díaz, Maite Menéndez, Raquel Vega y Francisco Rodríguez Cubiella), de conocer este dato dentro del proceso por su demanda de nulidad del último congreso del partido, en el que Mariano Marín, candidato oficial, se proclamó presidente del PP gijonés.

Desde las direcciones del PP local y regional se cifraron en más de 3.000 los afiliados del partido en Gijón, aunque incluyendo a aquellos que no se encuentran al corriente de pago. En base a ello calcularon el número de avales -el 15%- que se reclamaba para poder aspirar a la presidencia del partido: 500. Una cifra excesiva según los exediles y que suponía, según incluyen en su demanda, una traba a la participación de candidatos en el congreso que proclamó a Marín, que no tuvo rivales en el cónclave.

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, las partes no podrán sacar de los juzgados copias de la prueba que se practique. Así, el juez citará a los abogados en septiembre para comprobar el listado de afiliados del PP gijonés, así como el número de ellos que están a corriente de pago de las cuotas. Un requisito obligatorio para participar y votar en los congresos del PP.

Ésta fue la prueba documental admitida por el juez Sergio Alonso en la audiencia previa entre las partes celebrada ayer. "Hay que comprobar el número real de afiliados del partido, porque hay dudas y se habla de que muchos no están a corriente de pago o que incluso incluye personas que ya fallecieron, porque no se ha dado de baja a nadie", explica Manuel Estrada, abogado de los exconcejales que han demandado la nulidad del congreso. Estrada asegura que "desde el partido se mostraban reacios a aportar sus ficheros y datos de militantes escudándose en la Ley de Protección de Datos".

El proceso judicial no contará con vista oral, dado que no se practicarán pruebas testificales. Queda así a expensas del cotejo de los ficheros de afiliación del PP de Gijón y de que el juez, Sergio Alonso, analice los argumentos aportados por ambas partes.

"Consideramos que es importante esta cuestión del número de afiliados y los avales que se pedían para ser candidato en el congreso, pero hay muchos otros puntos que el juez puede analizar", asegura Estrada. Entre ellos, en su demanda critican que se acortasen los plazos para apuntarse y presentar candidaturas al cónclave y se le diese carácter extraordinario.

El congreso en litigio se celebró tras la anulación judicial del anterior, en el que había salido elegido presidente David González Medina. Los exediles demandantes sostienen que, si el cónclave que se anuló era ordinario y se convocó uno nuevo en cumplimiento de la sentencia anulatoria, éste tenía que haber tenido también carácter ordinario, además de contar con las debidas "garantías legales y constitucionales".

Entre "las graves irregularidades" que señala la demanda, se incluye además el hecho de que se obligase a los afiliados a acudir en persona a la sede del partido, "en un horario restringido", para apuntarse al congreso y ponerse al día de las cuotas.

Todas estas cuestiones, algunas de las cuales ya se analizaron en el anterior proceso que devino en la anulación del congreso, tendrán que ser analizadas por el juez Alonso. Y, de paso, se conocerá el número exacto de afiliados del PP gijonés.