Podemos no descarta que la Fiscalía Anticorrupción solicite la imputación de más políticos integrantes del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de El Musel, una vez que el ministerio público ya ha pedido a la Audiencia Nacional la declaración como imputado, por presuntos delitos de prevaricación, del exalcalde socialista de Carreño, Manuel Ángel Riego González. En su caso aprecian una conducta "contradictoria" en su doble condición de regidor y de vocal del consejo de administración. Así lo puso ayer de manifiesto Daniel Ripa, secretario general de Podemos en Asturias, al analizar los nuevos escritos de la Fiscalía en los que se reclama la ampliación de las diligencias de investigación sobre la obra del Puerto, incluyendo la petición de imputación tanto para el exalcalde de Carreño como de varios directivos de la empresa Tudela Veguín y de la UTE Dique Torres.

"Veremos hasta donde llega y si hay relevancia penal para otros miembros del consejo", indicó Ripa, para subrayar que con las nuevas peticiones de imputación "la pregunta es si desde el consejo de administración o desde el Gobierno regional se favoreció a la familia Masaveu", propietaria de Tudela Veguín. Para el dirigente de la formación de Pablo Iglesias lo sucedido en El Musel forma parte de la "corrupción sistémica" que aprecia en Asturias y que, a su juicio, el presidente regional, el socialista Javier Fernández, "no quiere atajar con las medidas estructurales que se necesitan".

Ripa compareció ayer ante los medios en Oviedo acompañado de la vicealcaldesa de la ciudad, Ana Taboada, abogada personada en el proceso que investiga los sobrecostes de El Musel, y de Nuria Rodríguez, edil de Xixón Sí Puede. La concejala gijonesa incidió en que la marcha de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción avala la postura de su formación contraria a un pacto de investidura con el candidato del PSOE a la Alcaldía, José María Pérez. "Ya hay un miembro de ese partido imputado", subrayó Rodríguez, quien lamentó que el escándalo impide ahora acceder a una subvención comunitaria de 460 millones de euros para sufragar los accesos al Puerto. La edil de Xixón Sí Puede pidió "responsabilidades políticas" y reclamó a "los representantes" que la Federación Socialista Asturiana (FSA) tiene en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria que "expliquen lo que pasó y a quien se benefició" con los sobrecostes de 251 millones acumulados en la ampliación del muelle.

Taboada explicó que el objetivo que se marca la Fiscalía Anticorrupción al ampliar las diligencias pasa por profundizar en las relaciones entre Dique Torres y Tudela Veguín, al apreciar indicios de que la UTE pudo ejecutar obras que "ni se facturaron ni se declararon a Hacienda". "Se trata de una causa muy compleja", reconoció la abogada, que achacó el sobrecoste a la existencia de "claros intereses privados" y a "la absoluta falta de control y gran desinterés del consejo de administración de la Autoridad Portuaria".