El fiscal incide en los indicios de supuesta adjudicación irregular de la obra de El Musel

Anticorrupción pide a las peritos de la IGAE que aclaren las consecuencias de sus salvedades a la valoración de ofertas

02.08.2015 | 01:50

La Fiscalía Anticorrupción quiere que las dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que analizaron el expediente de la obra de ampliación remitido al juez por la Autoridad Portuaria, precisen si las salvedades que pusieron a la valoración de los técnicos portuarios hicieron a las ofertas de los grupos constructores deberían haber tenido un reflejo en el resultado final. Esto es, si las supuestas irregularidades detectadas por las interventoras incidieron en que la oferta seleccionada no fuera la mejor.

El informe pericial ya había apuntado que la oferta de Dique Torres que fue seleccionada, una variante respecto al proyecto planteado por el Puerto, debía haber sido descalificada por la Autoridad Portuaria, dado que no asumía en su integridad las unidades de obra y los precios fijados en la licitación, sino que incluía otros nuevos.

Esa es uno de los pronunciamientos más claros de las peritos de IGAE en su informe, en el que ponen bastante más objeciones. El fiscal solicita ahora que las interventoras amplíen ese informe pericial, entre otras cosas para precisar las posibles consecuencias de las supuestas irregularidades en la valoración de las ofertas por la comisión técnica y la mesa de contratación, en lo que se refiere a cuestiones relativas al concepto global de la obra, a procesos constructivos, a los medios técnicos para ejecutar los diques y los cajones, a las obras auxiliares, a las fuentes de suministro de materiales y al plan de trabajos.

Anticorrupción no sólo pide a las peritos que abunden en la valoración de esas supuestas irregularidades detectadas por las peritos, sino que también les pide su opinión sobre un aspecto no incluido en su informe, como que el Puerto valoró positivamente una variante respecto al proyecto solicitado en la gestión de residuos, cuando los pliegos de contratación sólo permitían variantes respecto al proyecto constructivo.

El fiscal también recuerda que informe pericial emitido por dos funcionarias de la IGAE "ha puesto de manifiesto la ausencia en el expediente de una serie de documentos de carácter obligatorio" según las normas de contratación de Puertos del Estado y los pliegos técnicos de licitación de la obra, dato corroborado al menos en parte por la primera gerente de Dique Torres, la testigo Ana Dizy, que reconoció la ausencia del libro de órdenes.

El fiscal reclama que el Puerto envíe al juzgado el plan de inversiones y su aprobación, además del plan de empresa del Puerto, junto a documentos de la propia obra: Los libros de órdenes, el libro de incidencias, el proyecto de seguridad y todos los programas de trabajo presentados a la dirección de obra por Dique Torres.

También solicita del Puerto que le envíe una hoja de un informe de Puertos del Estado, que faltaba del mismo y el intercambio de cartas entre el expresidente de El Musel y Dique Torres en diciembre de 2004 en base al cual la UTE habría garantizado que no habría sobrecostes y que la obra se ejecutaría en plazo. Pide, además, el expediente de expropiación del Alto de Aboño.

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