El chalé que el exministro Rodrigo Rato mandó construir entre los años 2010 y 2011 en la parroquia de Cabueñes para convertirse en su rincón familiar en Asturias no va a quedar libre de la investigación de los delitos fiscales y de corrupción entre particulares por los que está siendo perseguido el que fuera vicepresidente del Gobierno con José María Aznar.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, tiene razones para estimar que una parte de los fondos ilícitos que manejó el político madrileño de ascendencia asturiana se destinaron a la construcción de la citada casa. Así lo ha dejado indicado el juez en el auto dictado a finales de semana con el que devolvía a los juzgados de Madrid la causa en la que se investiga el patrimonio de Rodrigo Rato.
En la actualidad dicha investigación atraviesa un debate de competencias. Si inicialmente la causa recayó en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, a petición de Anticorrupción -que entendía que Rato habría utilizado varias sociedades que tenía en el extranjero para llevar a cabo un delito de blanqueo de capitales y evasión fiscal- éste se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, haciéndose cargo de la misma Fernando Andreu. Pero Andreu, juez instructor del caso de la salida a bolsa de Bankia y de las tarjetas opacas de Caja Madrid, ha derivado de nuevo a los juzgados de Madrid al considerar que fue en la capital de España "donde se residenció toda la actividad criminal" investigada. Dice el juez además que tampoco podría hacerse cargo de la causa por su relación con el "caso Bankia", porque considera que hay "falta de conexión" entre ambas investigaciones.
En el caso de que el magistrado del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, siguiera considerando que no es de su competencia la investigación el tema podría acabar en el Supremo para resolver la cuestión.
De fondo está una trama según la cual Rato habría utilizado dos empresas pantalla con sede en el extranjero para supuestamente blanquear fondos que tenían que ver con pagos y comisiones realizadas por proveedores de Bankia (Publicis y Zenith Media), y con ingresos sin clarificar como consejero de Telefónica. De tal forma que Rato conseguía "un importante ahorro fiscal" al "no tributar esas percepciones en su IRPF". Según el juez los fondos presuntamente ilícitos manejados por Rodrigo Rato también se destinaron a la construcción del chalé de Cabueñes y la aportación a un fondo de inversión, entre otras cosas.
