El Abogado del Estado ha presentado un recurso contra la negativa del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a imputar a directivos de Tudela Veguín en el caso de El Musel. La imputación sería en base a un delito fiscal por los supuestos pagos en especie y sin facturar con que la UTE Dique Torres habría compensado a la cementera por la piedra que extrajo de sus canteras de La Hoya y Peña María. Unas contraprestaciones sin facturar que Dique Torres ha cifrado en 80 millones de euros.
El informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que dio pie a la apertura del proceso penal señala que mientras Dique Torres reclamaba sobrecostes por supuesto encarecimiento de materiales de cantera, esa UTE ya se había asegurado la mayor parte de la piedra necesaria para la obra "sin contraprestación económica directa" a cambio, mediante acuerdos con Tudela Veguín para extraer material de sus canteras.
Sin embargo, Dique Torres sostiene que sí pagó por ese material, pero en especie y de forma opaca al fisco. El exgerente de la UTE, Juan Miguel Pérez, lo afirmó ante el juez el pasado 6 de julio, cifrando en 80 millones esos supuestos pagos en especie. La declaración dio pie para que el Abogado del Estado, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, pidieran imputar por supuesto delito fiscal a directivos de la cementera y por colaboradores en el mismo a directivos de Dique Torres. El juez lo rechazó el pasado 30 de septiembre al considerar que no existe conexión entre ese supuesto delito fiscal y los que se habrían cometido en la obra de ampliación y que la unificación de ambas investigaciones "únicamente serviría para provocar dilaciones en la causa principal". En el recurso del Abogado del Estado, presentado el 30 de octubre, se sostiene en cambio que existe una conexión clara: "Es evidente que la tesis exculpatoria de la UTE Dique Torres tiene un vínculo absolutamente directo con el posible delito fiscal de Tudela Veguín, pues esta tesis exculpatoria sólo se mantiene en tanto en cuanto sea cierto que Tudela Veguín ha recibido unas prestaciones valoradas en 80 millones de euros por el gerente de la UTE sin haber declarado el ingreso ni haber satisfecho el IVA".
El representante estatal aprecia "indicios de verosimilitud" en la tesis de Dique Torres, entre ellos el contrato del 11 de enero de 2006 de Dique Torres y la cementera que carga a la UTE con una serie de labores "le sea útil o no" para la obra portuaria.
Prescripción
El recurso apunta que "sería de difícil comprensión que la investigación se hiciera cerrando los ojos a la posibilidad al eventual fraude tributario de Tudela Veguín para que, una vez prescrito entonces sí, investigar la existencia o no de una contraprestación fiscalmente opaca de la UTE Dique Torres a favor de Tudela Veguín por 80 millones de euros". El supuesto fraude fiscal sería el relativo a los impuestos de sociedades de 2009 y 2010 a los pagos de IVA. La prescripción de un delito fiscal por el impuesto de sociedades de 2009 sería el 25 de julio de 2015; 19 días después de la declaración del exgerente de Dique Torres ante el juez.
