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A juicio por explotar a inmigrantes con jornadas laborales de 16 horas

El propietario de un local de venta de kebabs pagaba 200 euros al mes a los extranjeros, a los que no permitía descansar ningún día

13.01.2016 | 02:17

Un empresario paquistaní se sentará mañana jueves en el banquillo de la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, acusado de explotar a cuatro ciudadanos de su misma nacionalidad y a un hombre de origen peruano a los que tenía trabajando en un local de venta de kebabs de su propiedad, sometiéndoles a jornadas laborales de más de 16 horas diarias. Las víctimas cobraban 200 euros mensuales y no tenían ningún día de descanso ni vacaciones.

El fiscal pide tres años de cárcel para el reo, al que considera autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. El escándalo que ahora llega a juicio saltó a finales de abril de 2014. A las nueve y media de la noche del día 22 los funcionarios de Inspección de Trabajo, acompañados de agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de El Natahoyo de Gijón se desplazaron hasta el establecimiento de comida rápida propiedad del acusado y situado en el barrio de El Llano. Una vez allí comprobaron que el reo tenía trabajando para él a cuatro ciudadanos de origen paquistaní que se encontraban en situación irregular en España. El representante del ministerio público asegura en el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado que ninguno de los afectados por esta explotación laboral estaba dado de alta en la Seguridad Social. "Aprovechando su situación de necesidad el acusado les imponía unas condiciones laborales abusivas y vejatorias", relata el fiscal ejemplificando este maltrato en la situación que vivía concretamente uno de los empleados. El extranjero repartía publicidad desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, después se convertía en ayudante de cocina desde las ocho de la tarde hasta las dos de la mañana, prolongando su jornada laboral los fines de semana hasta las cuatro de la madrugada y combinando las labores de cocina con la limpieza del establecimiento.

Todas las víctimas de esta explotación "estaban viviendo en una casa de alquiler propiedad del imputado y bajo el control del mismo, por lo que si se negaban a desempeñar su trabajo el acusado les amenazaba con deportarles y echarles del piso en el que residían", argumenta el fiscal. Todos los trabajadores han renunciado a cualquier tipo de indemnización que pudiera corresponderles. El ministerio público pide -además de la pena de privación de libertad sustituible por la expulsión del extranjero de territorio nacional durante seis años-, que se imponga al reo una multa de 2.400 euros.

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