No habrá desfile de cargos políticos por la Audiencia Nacional para responder a las preguntas sobre la obra de ampliación de El Musel, su adjudicación y sus sobrecostes. Al menos de momento. Si el juzgado ya había rechazado la querella presentada por Manos Limpias para imputar a responsables políticos en el Principado y en el gobierno central durante la obra, un auto de la titular del juzgado central de instrucción número 3, Carmen Lamela, ha rechazado ahora citar como testigos a 30 representantes públicos y de empresas, incluyendo a los sucesivos miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón entre 2004 y 2010.
La juez rechazó la petición de esas declaraciones en una resolución del pasado 16 de diciembre, decisión que ratificó en otro auto dictado el pasado miércoles, en el que desestimó el recurso presentado por una de las partes.
De las 30 personas propuestas como testigos, 23 lo fueron por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan, asociación vinculada a Podemos que ejerce como acusación popular) y otros 7 por la defensa del exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato.
La asociación afín a Podemos había pedido a finales de noviembre que se tomara declaración como testigos -o como imputados si la juez lo consideraba oportuno para salvaguardar su derecho de defensa- a la actual consejera de infraestructuras, Belén Fernández; su predecesor en el cargo, Francisco González Buendía; los también exconsejeros autonómicos Herminio Sastre y Jesús Urrutia; el exsecretario de Estado de Transportes y expresidente de El Musel, Fernando Palao; el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, así como concejales y exconcejales gijoneses, el actual director general del Puerto (exsecretario del Consejo), sindicalistas y representantes empresariales, además de funcionarios del Estado y un exrepresentante de una patronal de transporte por carretera. La magistrada rechazó su petición al no considerar esas testificales "útiles o necesarias para la instrucción de la causa" y por no haber explicado Ocan "las razones que fundamentan su petición".
Ocan no recurrió la decisión de la magistrada contra las 23 citaciones que pedía la asociación. Si recurrió la defensa del exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato, contra la negativa de la jueza a llamar como testigos a otras siete personas: Directivos de Tudela Veguín, de Hidrocantábrico (EDP) y de Puertos del Estado junto a ingenieros de Typsa, una de las sociedades que integraban la UTE Cabo Torres, que era la asistencia técnica a la dirección de obra. Ese recurso de reforma es el que resolvió el pasado miércoles la magistrada.
Evitar dilaciones
La defensa de Díaz Rato considera necesarias esas declaraciones para despejar dudas sobre el proceso de adjudicación de la obra de ampliación (en cuya mesa de contratación participaron cargos de Puertos del Estado) y sobre los problemas en la explotación de canteras y los controles en las mismas.
La magistrada rechazó citar como testigos a esas siete personas propuestas por la defensa para "evitar un alargamiento innecesario" de la instrucción de la causa. La jueza considera "innecesaria en este momento" la toma de esas declaraciones "al estimar que las testificales propuestas no habrían de aportar nuevos elementos a la investigación ya practicada y no aparecen como necesarias para el éxito de la investigación, teniendo en cuenta que los extremos sobre los que aquellas habrían de versar, tales como la forma y condiciones en que fue suministrado el material por parte de Tudela Veguín, la contraprestación correlativa o el procedimiento de contratación y explotación de las canteras y tareas encomendadas o ejecutadas al efecto por Typsa en relación a los mecanismos y medios de control de la obra del Puerto de Gijón, pueden y deben ser comprobados a través de la correspondiente documental" que obra en el sumario, razona la magistrada el auto de diciembre, al que se remite en el que dictó el pasado miércoles. Entre otros documentos remitidos al juzgado, figuran los partes de control de la asistencia técnica.
